La Junta reivindica la vigencia de la Constitución como garantía de igualdad, cohesión y progreso

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha encabezado este viernes el acto institucional del Día de la Constitución celebrado en Medina de Rioseco, en el que se han entregado varios reconocimientos a personas e instituciones comprometidas con los valores constitucionales y el bienestar social de la Comunidad.

Durante su intervención, González Gago ha reivindicado la plena vigencia de la Carta Magna, que ha definido como “marco de convivencia, estabilidad y desarrollo” para España y para Castilla y León. El consejero ha subrayado que la Constitución continúa siendo la garantía de los derechos y libertades y el fundamento del Estado social y democrático de Derecho.

Entre los distinguidos en el acto figuraba la Junta de Castilla y León, que recibió una Mención Especial en nombre del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por su compromiso firme con Medina de Rioseco y con la comarca de Tierra de Campos. González Gago recordó actuaciones como la rehabilitación del Centro de Salud, la promoción de vivienda pública, la generación de suelo industrial o el Proyecto Territorial de Fomento Tierra de Campos, iniciativas que, a su juicio, “materializan los principios constitucionales de equidad, cohesión y progreso para todos”.

En un momento político que exige “unidad, estabilidad y respeto al orden constitucional”, el consejero insistió en que la Constitución es “la norma de las normas” y que ningún poder público está por encima de la ley. Recordó que no existe “principio democrático al margen de la propia Constitución” y advirtió de que las instituciones deben actuar siempre dentro del marco del Estado de Derecho para garantizar la igualdad entre los territorios y la convivencia de toda la sociedad.

González Gago hizo hincapié además en la necesidad de salvaguardar la independencia real de los poderes del Estado y de quienes ejercen funciones de control, al considerar que cualquier injerencia en estos equilibrios supondría “quebrar el propio orden constitucional”. Una advertencia que, en plena efervescencia del debate público sobre la calidad democrática, resonó como un llamamiento explícito a proteger los fundamentos institucionales del país.