La Junta de Castilla y León –a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)-, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha resuelto la primera Compra Pública Precomercial de Europa en el ámbito de la ciberseguridad, área en la que han trabajado ambas entidades de forma conjunta durante los últimos años para la identificación de retos tecnológicos que pudieran acometerse mediante la Compra Pública de Innovación (CPI). El contrato ha sido adjudicado a dos entidades: la Universidad de Murcia, por su perfil académico y de investigación; y GMV Soluciones Globales Internet SAU, empresa del sector de la innovación tecnológica.
A través de esta licitación se busca el desarrollo de una solución tecnológica que permita identificar dominios o sitios web donde se desarrollan actividades ilegales de forma anónima, que no hayan sido identificados previamente, y que no se puedan encontrar en fuentes públicas, tanto en la internet profunda ‘deepweb’, como en la web superficial. La licitación tiene como objetivo el desarrollo de herramientas que permitan descubrir nuevos servicios ilícitos ocultos y monitorizados, para poder eliminarlos. Este software identificará a los usuarios que están detrás de los servicios ilícitos que se ofertan, mejorando la protección de la integridad de todos los dispositivos vinculados a la red, así como la seguridad de la información que los usuarios almacenan en ella.
El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) ha lanzado esta primera contratación que se realiza en Europa de Compra Pública Innovadora en materia de ciberseguridad por un presupuesto de 535.591 euros. La iniciativa, fruto del trabajo entre las entidades colaboradoras, tiene como principal objetivo desarrollar soluciones innovadoras para este sector en Castilla y León.
El proyecto se desarrollará en dos fases de 6 meses cada una de ellas. Tanto la Universidad de Murcia como GMV Soluciones Globales Internet SAU están trabajando de forma paralela en la primera fase del proyecto, en la que se encuentran investigando un prototipo software inicial. Una vez finalizada esta primera fase, el comité técnico previamente designado realizará una evaluación de estos prototipos y, en caso de que las soluciones innovadoras desarrolladas obtengan resultados favorables, ambas entidades tendrán la oportunidad de evolucionar a una segunda fase en la que trabajarán en el desarrollo de un software final que solucione el reto planteado.
En el marco del Programa Escala CPI
La CPI es un mecanismo para apoyar la innovación desde la demanda. Se trata de un procedimiento administrativo de contratación de productos o servicios con alto componente de investigación y desarrollo (I+D). A través de él se orientan las compras que realizan las administraciones públicas, no solo al cumplimento de sus fines ofreciendo productos y servicios de calidad e innovadores, sino también al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, incentivándolas a que hagan en sus ofertas propuestas innovadoras que no existen en el mercado, o incorporen soluciones tecnológicas que mejoren sustancialmente lo que existe.
La Estrategia de Compra Pública Innovadora (CPI) de Castilla y León, denominada Programa Escala CPI, tiene como objetivo mejorar la innovación y competitividad empresarial de la Comunidad. El proyecto CIBER Escala CPI está cofinanciado en un 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020.
Concretamente, esta modalidad se denomina compra pública precomercial, ya que permite contratar servicios de I+D para dar respuesta a un reto público para el que no existen productos o servicios desarrollados en el mercado, impulsando así el desarrollo en I+D y compartiendo riesgos y beneficios con las empresas adjudicatarias.
La Junta, a través del ICE, apuesta firmemente por el apoyo a la I+D en el ámbito de la ciberseguridad, palanca de cambio en la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3). En este sentido, se entiende la ciberseguridad como una tecnología horizontal y tractora, de gran potencial, que permita el desarrollo de las tecnologías digitales e impacte de forma positiva en el crecimiento y creación de empleo en Castilla y León.
Como novedad frente a la contratación tradicional, que tiene un único adjudicatario, este mecanismo de licitación pública permite seleccionar hasta un máximo de cuatro entidades desarrolladoras en la fase de investigación, de las que solo dos pasan a la fase de desarrollo de prototipos.
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