La Junta de Castilla y León, a través de la directora de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Blanca Ares, lamentó hoy que el Ministerio de Ciencia e Innovación no lance nuevas convocatorias de los planes complementarios, dirigidos a establecer colaboraciones con las comunidades autónomas en materia de I+D+i, ya que son un “buen instrumento” tanto para “generar cantera” de investigadores en “temas novedosos” y “dan voz y participación” a las comunidades autónomas en políticas de investigación.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León de esta mañana, Ares incidió en que en el resto de “políticas palanca” que el Ministerio de Ciencia e Innovación realiza con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia procedentes de la UE no se cuente con las comunidades y “se ejecuten directamente desde el Estado”, porque de esta manera, el Gobierno “pierde el matiz de los territorios”.
No obstante, la directora de Universidades e Investigación de la Junta valoró la puesta en marcha por parte del Ministerio de los planes complementarios por ser “un instrumento de futuro que va a permitir mejorar el sistema de ciencia e investigación en España” y que desde la Junta se cofinancia al 40 por ciento con “mucho esfuerzo pero decididos” por ser los planes complementarios “un mecanismo por el que había que apostar”.
Ensalzó así los tres proyectos seleccionados dentro de una iniciativa “emblemática y estratégica” para Castilla y León por suponer iniciativas “tractoras” que atraerán “talento” en materias como la energía y la economía verde, gracias al proyecto liderado por la Universidad de Burgos y cuyo Máster se pondrá ya en marcha en septiembre con un formato “único” basado en las microcredenciales; en comunicaciones cuánticas seguras, que liderará el Centro de Supercomputación y la UVa; y en materiales avanzados gracias al proyecto liderado por la UVa y en el que también participan las universidades de Salamanca, Burgos y los centros de Cartif.
No fueron los únicos proyectos presentados por Castilla y León a la convocatoria de planes complementarios, según reveló Blanca Ares, que planteó que la Comunidad presentó un total de siete proyectos a otras tantas áreas de las ocho señaladas como de interés científico-técnico por el Ministerio, al que la directora de Universidades e Investigación pidió los informes que motivaron la decisión de dejar fuera los proyectos de Castilla y León en materia de biotecnología y agroalimentación.
Esa exigencia, así como la “decepción” porque el Ministerio de Ciencia e Innovación no vaya a convocar nuevos planes complementarios, fue compartida por la procuradora del Partido Popular, Paloma Vallejo, que en el transcurso de la comisión lamentó la situación “por los investigadores, que van a ser los más perjudicados”.
Exigencia de programas que llevan “más de un año sin convocar”
Por su parte, el procurador del PSOE, Fernando Pablos, lamentó que la Comunidad solo fuera capaz de obtener financiación para tres proyectos cuando podía presentar iniciativas en las ocho materias convocadas, y pidió el compromiso de la Junta para mantener al personal contratado “más allá de 2025”, fecha final de los fondos europeos y de la asignación de los planes complementarios.
Además, afeó a la directora de Universidades e Investigación, así como a los grupos en el Gobierno de la Junta, PP y Vox, que esgriman quejas porque no existan nuevas convocatorias de estos planes por parte del Gobierno cuando el Ejecutivo autonómico tiene “cuatro programas con más de un año sin realizarse convocatorias”, en referencia a los programas de la escalera de excelencia, el apoyo a los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) que “llevan desde 2018 sin convocar”, la de internacionalización o la de apoyo a congresos científicos, que Pablos denunció que lleva “desde 2013 sin convocar”.
Por último, exigió a la Junta que “no deje fuera de los proyectos de investigación que está financiando a la ciencia básica” y pidió, entre otras cuestiones, un organismo de coordinación de las investigaciones de la Comunidad como sucede en País Vasco o Cataluña.
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