La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, en el punto de mira por invasión de competencias y riesgo de nulidad
El Consejo Consultivo advierte de graves problemas legales en la norma aprobada por las Cortes y el Colegio Profesional de Periodistas exige consensuar modificaciones
El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha reclamado la modificación de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional, después de conocer el dictamen emitido por el Consejo Consultivo, en el que se cuestionan varios puntos clave del texto aprobado.
Según el informe, la norma autonómica invade competencias del Estado al ampliar prohibiciones de contratación con medios de comunicación condenados por sentencia firme. Esta medida, apunta el dictamen, podría derivar en la nulidad jurídica de la ley.
Otro de los aspectos más criticados es el límite del 33 % de facturación anual que los medios podrían recibir a través de campañas de publicidad institucional. El Consejo considera que carece de respaldo en la legislación básica estatal, supone un criterio arbitrario y atenta contra la libre concurrencia y el principio de igualdad.
Además, el documento señala la posible invasión competencial en lo relativo a la subrogación de trabajadores vinculados a concesiones de la televisión autonómica.
A pesar de estas advertencias, el Consejo Consultivo recuerda que la Junta está obligada a aplicar la ley y que serán los propios medios quienes deban recurrir ante los tribunales los puntos que consideren lesivos.
El Colegio recuerda que ya alertó a los parlamentarios durante la tramitación de los riesgos que suponía la aprobación del texto y que su propuesta de buscar un consenso fue desoída.
Ante esta situación, la entidad profesional se reunirá con la Dirección de Comunicación de la Junta y retomará contactos con los grupos parlamentarios para impulsar un acuerdo que permita modificar la ley. El objetivo, subraya, es evitar la inseguridad jurídica actual, que podría desembocar en el cierre de medios locales y en un grave perjuicio para la pluralidad informativa en Castilla y León.
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