Luz verde a la ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, un avance que CSIF califica de "histórico"

Las Cortes de Castilla y León acordaron este miércoles tomar en consideración la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, registrada por el grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! en el mes de mayo, y en la que ha colaborado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La decisión, que ha contado con el apoyo favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción de la abstención del PP, pone en marcha la tramitación para la aprobación de esa ley, que supone "un paso histórico para el colectivo", destaca CSIF.

Recuerda que, a pesar de custodiar más de la mitad del territorio de Castilla y León y de contar con unas funciones de especial complejidad, como la persecución de delitos ambientales, la lucha contra el furtivismo o la realización de rescates en el medio natural, los agentes medioambientales no cuentan con una norma autonómica “que les respalde”.

La Proposición de Ley cuenta con el apoyo de los agentes medioambientales y posibilitará el desarrollo de la normativa básica nacional de agentes forestales y medioambientales, Ley 4/2024, que ahora "se está incumpliendo de forma premeditada por parte de la Junta de Castilla y León, al igual que la de bomberos forestales (Ley 5/2024), algo incomprensible después de lo que hemos vivido este verano", explica CSIF.

El sindicato valora que la Proposición de Ley definirá de manera inequívoca las competencias de esos profesionales: “Aborda aspectos esenciales para los trabajadores del sector, como la dotación de medios materiales para poder desarrollar su trabajo adecuadamente, formación continuada, promoción profesional o la integración en el grupo de titulación exigida, reivindicaciones demandadas históricamente”, señalan.

De este modo, con la nueva normativa autonómica se pretende que Castilla y León se ponga a la cabeza de la defensa integral del medio ambiente y la protección de los entornos rurales, con atención especial a la superficie forestal, que representa más del 50% del territorio castellano y leonés, con más de 5 millones de hectáreas de masa forestal, de las que más de 3 millones de hectáreas son de arbolado.

CSIF resalta que el colectivo de los agentes medioambientales constituye un servicio esencial, ya que dirige el operativo de la extinción de incendios forestales en más del 90% de ocasiones.

Decretazo del operativo de incendios forestales

La organización sindical también destaca el rechazo que ha sufrido el Decreto-Ley sobre el operativo de incendios forestales, que el Ejecutivo autonómico ha querido imponer, y que se ha encontrado con el voto negativo de todos los grupos menos el PP: “No quisieron negociarlo y consensuarlo, y así le ha ido. La Junta tiene que hacer una seria reflexión y corregir su actitud”.

Bajo su punto de vista y a pesar de ser anunciado como una gran mejora, el Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales que ha defendido la Junta "no contemplaba ningún aumento de personal, lo que significa que, si este año no tuvimos capacidad para enfrentarnos a los incendios forestales, el año que viene, si se repitiese la situación, tampoco la vamos a tener”, sentencia CSIF.

"No aceptar la categoría de bombero forestal para el personal laboral de la Junta de Castilla y León, que son los trabajadores que se enfrentan directamente a las llamas, ha sido una irresponsabilidad". Al no dar este paso, se impide el reconocimiento de enfermedades profesionales o el acceso a la jubilación, además de incumplir la ley básica de bomberos forestales (5/2024) deliberadamente. Seguirán con contratos como peón de montes o de caza, y si desarrollan un cáncer por estar 30 años inhalando humo, no podrán demostrar que es una enfermedad profesional”, denuncia CSIF.

Creen además que el Decreto-Ley "es un texto impreciso y ambiguo". Por ejemplo, en vez de admitir como personal fijo al personal del operativo, este seguirá con la condición de fijos discontinuos, pero con duración de 12 meses, “porque ese el compromiso adquirido públicamente por la Junta tras los incendios de 2022 y que a día de hoy se sigue incumpliendo. El texto tampoco contempla ninguna mejora económica para el personal que trabaja en la extinción que se seguirán jugando la vida por 1.300 euros”.

En cuanto al anuncio de que el operativo de incendios forestales tenga “naturaleza pública”, consideran que es un juego semántico que "viene a decir que en vez de a varias empresas privadas, la parte privada pertenecerá exclusivamente a una empresa de carácter público, lo que no garantiza una mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores ni del servicio".

“Se trata de un texto que se ha redactado de espaldas a los trabajadores y que no ha contado con la debida negociación con la parte social, en la ya habitual manera de trabajar de la Junta de Castilla y León por imposición”, advierten, cerrando así el comunicado.