El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy una subvención de 275.000 euros para contribuir a la financiación de los gastos de gestión originados a la Universidad de Salamanca (USAL) por el mantenimiento de la herramienta informática existente para la gestión de la preinscripción en las universidades públicas de Castilla y León de cara al curso 2022-2023. Esta aplicación permite que los alumnos realicen una solicitud única y que no exista más que un procedimiento informático de admisión.
En 1997, el Gobierno autonómico estableció el distrito único universitario en Castilla y León gracias al que todos los estudiantes pueden acceder al primer curso de cualquiera de las titulaciones impartidas por las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, siempre que hayan superado las pruebas de aptitud unificadas para su acceso.
Posteriormente, la Comisión coordinadora del distrito único atribuyó a la USAL la competencia para resolver las solicitudes, reclamaciones, recursos y demás incidencias que se produjeran en el proceso de asignación de plazas. Asimismo, se determinó que este centro académico gestionaría una herramienta informática que permitiera gestionar el sistema de admisión único.
Desde entonces, la Universidad de Salamanca gestiona y realiza el mantenimiento de esta aplicación que ha permitido, por una parte, que todos los alumnos que quieran ingresar en una de las universidades públicas de Castilla y León realicen una solicitud única y, por otra, que no exista más que un procedimiento informático de admisión.
Con motivo de las novedades introducidas posteriormente, que afectaban a los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas y a la adaptación a las nuevas titulaciones de Grado, la Universidad de Salamanca tuvo que desarrollar una nueva herramienta informática. Para ello, la Junta de Castilla y León le concedió una subvención de 1.488.000 euros. La financiación de la nueva herramienta se extendió durante el período 2009-2013, colaborando en los gastos, tanto del desarrollo del software necesario para la prestación del servicio, como de la infraestructura necesaria para su explotación y desarrollo, y en el mantenimiento de la aplicación.
De esta forma, la Consejería de Educación destinó 250.000 euros al año desde 2014 hasta 2018; y desde entonces 275.000 euros cada anualidad, como la que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno.
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