La Junta de Castilla y León movilizará un total de 37 millones de euros para actualizar los contratos de obra y evitar que “queden parados” por el aumento de la inflación, con el objetivo de que “ningún contrato en vigor quede parado y se tenga que volver a licitar y sacar adelante, con los consiguientes retrasos”.
Este acuerdo, anunciado hoy por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, se enmarca en el Plan anticrisis anunciado la pasada semana ante la “realidad que está impactando de lleno a los contratos públicos”, en relación al aumento de los precios de las materias primas.
De hecho, Carriedo señaló que algunos de esos contratos, licitados en las últimas fechas, “pueden estar quedando desiertos porque, a este precio, hay posibles adjudicatarios que no se presentan”. Se trata así de una “preocupación de todas las administraciones públicas” y, por ello, desde la Junta se aprobó “el mismo día que el plan” esta nueva normativa para “adaptar el establecimiento de precios a las nuevas circunstancias de la inflación”.
Se trata de un procedimiento al que, además, Carriedo invitó al resto de corporaciones locales para que se añadan de forma “voluntaria”, ya que “no es exclusivo de la Junta”, y ante el que también escribió una carta a la vicepresidenta del Gobierno para que amplíe la base de materiales ante los que se pueden actualizar los costes para “adecuar los contratos de obras públicas a la inflación”, dado que a pesar de los 37 millones destinados por la Junta, “el máximo que permite la normativa, pueden quedar algunas obras al límite del coste con respecto al contrato de adjudicación”.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios