La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, afirmó este jueves tras la celebración del Consejo de Gobierno que la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar de la Comunidad, que se encuentra desde ayer en fase de tramitación, en ningún caso “sustituye, solapa o invade” competencias de la legislación en materia de violencia de género ni la ejercida contra los menores, leyes ambas que están “en fase de actualización” para adaptarlas a la normativa estatal.
El documento permanecerá en periodo de consulta a través del Gobierno Abierto de la Junta hasta finales del mes de agosto, por lo que es posible realizar alegaciones, observaciones o aportaciones antes de la redacción del anteproyecto de ley y que continúe el proceso ordinario de tramitación. “La violencia intrafamiliar es un problema social, una realidad que está ahí y que muchas veces está oculta”, valoró la consejera.
Según explicó, debido a la variedad de casos que puede abarcar la violencia intrafamiliar, no existe un registro institucional de víctimas, pero sí existen estadísticas oficiales de criminalidad. Así, en 2020 hubo en Castilla y León 4.222 víctimas por” hechos delictivos graves en el ámbito familiar”, sin tener en cuenta los casos que “a mayores” fueran de violencia de género. Además, según el INE, en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género de la Comunidad figuran 1.551 víctimas de violencia de género y 505 de violencia doméstica en el año 2021.
Por otro lado, en lo que se refiere a la violencia filoparental, investigaciones y estudios cifran la misma en una franja que oscila entre el cinco y el 20 por ciento de los menores de entre 13 y 18 años, lo que extrapolado a la Comunidad podría resultar una cantidad de hasta 20.00 menores implicados en algún caso. El Ministerio Fiscal tramitó 190 asuntos en 2020 y, según citó la consejera, el 12,5 por ciento de los adolescentes de entre 13 y 18 años ejercen violencia psicológica contra los padres y un 3,2 por ciento de ellos han llegado a ejercer violencia física. En 2021, 140 menores fueron derivados de la Administración de Justicia y los equipos de familia de las entidades locales tuvieron 134 casos.
En lo que respecta a la violencia contra las personas con discapacidad, los datos ofrecidos por Isabel Blanco indican que “entre un 60 y un 80 por ciento de las mujeres discapacitadas han sido víctimas de abusos a lo largo de su vida”. Respecto a los mayores, "los datos dicen que se están incrementando las agresiones”, ya que “de cada diez cuidadores que manifiestan haber incurrido en algún maltrato, seis de ellos eran hijos o hijas de estas personas”.
La consejera concluyó su intervención al respecto citando las palabras de Jesús Quijano en el Diario de Burgos. “Algo muy grave está pasando en nuestra sociedad para que la violencia llegue hasta aquí y no le estamos dando importancia. Desde la Junta pensamos que hay que hacerlo. Son situaciones muy difíciles de denunciar, y por eso esta ley pretende contemplar medidas de sensibilización, prevención y recursos que, en un momento dado, pudieran necesitar las familias para combatir este tipo de violencia”, concluyó.
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