A la vista de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, la Delegación en Valladolid de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha enviado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones un documento que recoge diferentes medidas que tienen como objetivo mejorar la defensa de los derechos de los consumidores.
Para OCU es necesario reforzar y dotar de más eficacia a los mecanismos de protección de los consumidores de la administración pública más cercana al ciudadano, para conseguir que sus derechos básicos se apliquen de forma efectiva. Entre las medias propuestas destacan la necesidad de reforzar entre las empresas locales la adhesión a los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, especialmente las juntas arbitrales de consumo y asegurar la representación institucional de los consumidores y usuarios en los diferentes órganos consultivos y de participación de los ayuntamientos que , debe correr por cuenta de entidades asociativas que acrediten su implantación social en el territorio a través de su número acreditado de socios, sus acciones y su impacto.
El documento de OCU recoge numerosas propuestas que abarcan diferentes ámbitos como la energía, la salud, la alimentación, la vivienda, el mercado digital, la movilidad, la seguridad y el consumo sostenible, que inciden notablemente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Entre las diferentes medidas destacan:
• Fomentar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos a nivel, especialmente las Juntas Arbitrales de Consumo, mediante campañas de adhesión del pequeño y mediano comercio, así como de los pequeños prestadores de servicios, facilitando una mayor información a la ciudadanía sobre sus virtudes y potencialidades, y garantizando la calidad en su funcionamiento dignificando el papel de los árbitros y dotándolas de recursos que permitan la resolución de las reclamaciones en un plazo no mayor a 90 días.
• Los municipios, en sus respectivas ordenanzas fiscales deberían de establecer para todas su cartera de servicios las prestaciones especiales que ofrecen a los colectivos vulnerables, completando o actualizando aquellas en las que no se contempla o se hace de forma limitada.
• La Delegación de OCU en Castilla y León pide además a los Ayuntamientos que colaboren para la consecución de un mayor incremento de las prestaciones vinculadas de los mayores dependientes, uno de los colectivos más vulnerables de la región. Las anunciadas subidas de este tipo de prestaciones no llegan ni a 4 euros por beneficiario, cuando el precio de la electricidad se ha incrementado un 77% el último año, el butano y el propano un 33% y el de los alimentos, por su parte, otro 5%.
• Creación de una concejalía para las personas mayores. Para la coordinación y ejecución de competencias de revisión de la normativa vigente para el acceso de personas en situación e dependencia a plazas en residencias públicas, acelerando la tramitación y la obtención de la plaza, aceleración para el acceso a los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio, limpieza, lavandería, canguros para mayores y teleasistencia, Instaurar programas de fisioterapia básica gratuita en los centros de día, en colaboración con las universidades.
• Ampliar la Red de Centros de Personas Mayores para ajustar la oferta a las necesidades por zonas de la ciudad, empezando con un centro en Parquesol.
• Conseguir que el ayuntamiento facilite suelo municipal para viviendas dirigidas a personas mayores que faciliten el envejecimiento activo.
• Impulso definitivo a la descarbonización de la Movilidad. Incrementar la política de incentivos para la adquisición del coche eléctrico y/o descarbonizar vehículos existentes, incluyendo también las ayudas a compra de mercado de segunda mano.
• Necesidad de tener un plan de despliegue de cargadores que ayude a todos los ciudadanos que no tienen posibilidad de recarga en domicilios el acceso a estos puntos a precios asequibles (por ejemplo, en plazas de parking en la calle, etc…)
• Zona Bajas Emisiones. Estudiar las restricciones que afecten a personas con especial vulnerabilidad con el objeto de garantizar su acceso a las zonas afectadas por las restricciones que hayan sido objeto de estudio fundamentado.
• Creación de un parque público de vivienda en alquiler acorde a las necesidades. El precio medio de la vivienda resulta inasequible para cientos de miles de hogares y para cientos de miles de jóvenes que aspiran a emanciparse. Es preciso invertir en la creación de un parque público de vivienda en alquiler, suficientemente grande como para dar respuesta a estas necesidades. No solo a través de nueva construcción sino también mediante adquisición de inmuebles existentes y reafectación de edificios públicos en desuso. Pedimos que los planes estatales de vivienda sean ambiciosos y se cumplan.
• Favorecer la oferta de vivienda en alquiler aportando seguridad jurídica a las partes. Para bajar el precio del alquiler, los arrendadores deben saber que en caso de impago u ocupación podrán recuperar la vivienda en el mejor plazo posible. Hay que dotar de medios tanto a la Justicia como a los Servicios sociales, para que se resuelvan las situaciones de necesidad, dando una alternativa social digna y rápida a los inquilinos que lo precisen. La compensación a arrendadores afectados por suspensiones de desahucios debe ser ágil y efectiva.
• Creación de una Oficina de vivienda autonómica dotada de medios y que intervenga en la resolución de conflictos. Pedimos que los usuarios tengan una puerta clara a la que acudir, que ahora no existe o es totalmente ineficaz. En problemas entre particulares y empresas inmobiliarias, constructoras o promotoras, la Oficina podrá intervenir aplicando la normativa correspondiente de Vivienda y Consumo, dictando resoluciones y eventualmente sanciones frente a conductas ilegales o abusivas, que también deberá controlar de oficio. En conflictos entre particulares, puede articularse una mediación, facilitando así la resolución de conflictos y reduciendo la judicialización en materia de vivienda.
• Reforzar las estructuras para el control e inspección de la seguridad alimentaria en todo tipo de establecimientos sometidos al control municipal, asegurando el mayor alcance de las campañas de inspección y control, así como la celeridad en la instrucción y resolución de expedientes sancionadores, y especialmente en la adopción de las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de las personas.
• Agua del grifo gratuita en establecimientos de restauración abiertos al público en todos los municipios de Castilla y León. Una vez aprobada la norma, debemos fomentar que los establecimientos hosteleros la ofrezcan de manera gratuita a los clientes.
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