Los procuradores regionales Leticia García y Oscar Reguerahan explicado la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) dirigida acombatir la ocupación ilegal de viviendas en el último Pleno de las Cortes deCastilla y León
La propuesta, respaldada por Partido Popular y Ciudadanos,exige al Gobierno de Sánchez-Iglesias una modificación legal que permitadesalojar de forma rápida a los ocupantes ilegales y devolver las viviendasocupadas a sus legítimos propietarios, quienes, en la mayoría de los casos, hanadquirido sus modestas viviendas con los ahorros de toda una vida y cuyapropiedad y disfrute les es usurpado.
El PP considera que resulta sorprendente que el PartidoSocialista se abstuviera en el punto tercero de la PNL, que hacía referencia ainstar al Gobierno de Sánchez a modificar las normas para permitir una rápidadevolución de las viviendas a sus dueños.
En este sentido, los procuradores populares por la provinciade Zamora consideran que este es un problema creciente, pues en los dos últimosaños la ocupación ilegal se ha disparado en un 23%, lo que denota una ciertadejadez del gobierno PSOE-Podemos en abordar con la debida contundencia esteimportante problema socio-económico, al tiempo en que se acometen mejoras en suregulación legal.
Según los procuradores del Partido Popular, “debe quedar muyclaro que la ocupación no puede entenderse nunca como una vía de acceso a lavivienda, sino como un delito contra la propiedad. El partido de Podemosconsidera que las formas de acceder a la vivienda son la compra, el alquiler yla ocupación, algo que rechazamos de plano los parlamentarios populares, queconsideramos que la ocupación ilegal es un flagrante atentado contra el derechoconstitucional de la propiedad. Y sorprende y preocupa que el PSOE, para noimportunar a sus socios, “podemice” su actitud y se muestre tibio en la defensade este importante derecho.”
Los procuradores populares manifiestan su rechazo a estasusurpaciones y subrayan la existencia de grupos criminales organizados que selucran de estas actividades delictivas.
Añaden que desde ayuntamientos gobernados por grupospolíticos como Podemos, los mal llamados “ayuntamientos del cambio”, se estátolerando este tipo de acciones, incluso se abordan propuestas en materia devivienda que van claramente en contra de la propiedad privada, tratando dedespenalizar las ocupaciones ilegales, enfoques que acaban calando en gruposantisistema que lo que hacen es usurpar a los legítimos propietarios el uso desus viviendas, casas rurales, apartamentos en la playa, etc. comprados con losahorros de familias.
Y, según los parlamentarios, el 29% de la población tieneuna segunda vivienda y, de ese porcentaje, el 23 por ciento son familiasmodestas y el 34% jubilados.
Indican igualmente que se producen 41 ocupaciones al día enEspaña, una tendencia creciente desde la llegada del GobiernoSocialista-Podemos.
Los parlamentarios señalan que desde el Partido Popular deCastilla y León creen que hay que mejorar el actual ordenamiento jurídico paraproteger más y mejor a los propietarios y, por ello, es urgente cambiar variasnormas.
Esto es lo que pretende la Proposición No de Ley aprobada enel pasado Pleno de las Cortes de Castilla y León. Prácticamente todos lospaíses de nuestro entorno disponen de medidas rápidas a través del Juez o delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desalojar viviendas “okupadas”.
Denuncian, además, que en muchos casos el uso que se estáhaciendo de las viviendas “okupadas” por parte de organizaciones criminales sedirige a la comisión de otros delitos como robos, explotación sexual o tráficode drogas (los llamados “narcopisos”).
La PNL constaba de tres partes: instar a la Junta deCastilla y León a comprometerse contra la ocupación ilegal de viviendas ydevolver los inmuebles ocupados, impulsar la coordinación y cooperacióninstitucional para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridaddel Estado y la Administración de Justicia y, por último, dirigirse al Gobiernode España para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos delos propietarios incluyendo varias modificaciones legislativas. El PSOE votó afavor de las dos primeras partes, pero sospechosamente se abstuvo en lasexigencias al Gobierno Sánchez-Iglesias, que es quien tiene en sus manos laposibilidad de regularlo.
El PSOE reconoce el problema puesto que la Fiscal Generaldel Estado ha anunciado este lunes una instrucción a los fiscales ante lapreocupación social, pero lo ha hecho, en una alusión breve y sin detallar.
El gobierno socialista tiene en sus manos modificar lalegislación, pero para no disgustar a su socio, opta por no hacer nada, una vezmás, y dejar desprotegidos a los dueños de viviendas, según los procuradores.