A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el presidente ejecutivo de FECYLBUS, Fernando García, ha recordado que se trata de un "servicio público esencial" que requiere el apoyo y el respaldo por parte de las administraciones, y apela para ello a la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que garantiza el derecho a la movilidad de la población residente en la Comunidad al calificar el transporte como un servicio público esencial.
García ha asegurado que, ante el inicio del curso escolar, al sector del transporte público de viajeros por carretera se le avecinan "importantes dudas y preocupaciones" y recuerda que este sector fue "de los más afectados" por la crisis provocada por la COVID, "sin que aún las empresas se hayan recuperado". A esto ha añadido los efectos económicos que está provocando la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los costes de explotación de las empresas, "con el desequilibrio que les supone a los operadores".
Desde FECYLBUS han alertado de la situación empresarial que sufren las empresas del sector, que ve agravada de manera concreta en todo lo relacionado con el transporte escolar que realizan para la Consejería de Educación, "con 2.000 rutas y el traslado durante todos los días del curso escolar de 36.000 alumnos con puntualidad y seguridad".
Esta organización recuerda además que Castilla y León fue pionera en España con la puesta en marcha de un servicio de autobús que integraba el transporte regular y el escolar que ha crecido con los años "y beneficiado a los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que sufre la despoblación de manera grave".
Y recuerda también que en 2005 se inició este modelo de prestación conjunta, aunque la mayor parte de estos servicios integrados se crearon en 2016 con un incremento constante desde entonces hasta la fecha. "Con el paso del tiempo, esta prestación se ha mantenido de manera eficaz y sostenible por parte de las empresas, asegurando una oferta adecuada en beneficio de los castellanos y leoneses", reivindica el sector, que ha lamentado que a lo largo de todo este periodo, cerca de 20 años, la Consejería de Educación no ha revisado los precios de estos servicios integrados, "a pesar de las múltiples ocasiones en las que se ha instado a ello desde FECYLBUS".
"Es decir, el mismo precio que se cobraba en 2005 se sigue cobrando en 2023, sin tener en cuenta subidas tan severas como las que está teniendo el IPC", reprocha el sector del autobús, que asegura que Educación no ha afrontado el pago de la ayuda a la implementación del protocolo COVID correspondiente al curso 2021-2022 que obligaba a las empresas de autocares a adelantar gastos extra por higienización para evitar la propagación de la COVID en el transporte.
También reprocha a Educación que no ha atendido los requerimientos realizados desde FECYLBUS e insiste en la necesidad de una "solución inmediata y certera" para revisar los precios de los servicios integrados y agilizar el pago de la citada ayuda. Por todo ello, FECYLBUS ha mostrado su preocupación por la situación económica "más que complicada" en la que se encuentran las empresas de transporte en autobús de Castilla y León que prestan estos servicios.
Esta organización es "la más representativa del sector" en Castilla y León, con cerca de 200 empresas asociadas que colaboran con el afianzamiento de la población en el mundo rural, más de 2.500 vehículos y 3.000 puestos de trabajo directos.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios