Propuesta para blindar el trabajo de los agentes forestales en CyL

El grupo parlamentario formado por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! ha registrado este martes en las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley para la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales, con el objetivo de mejorar la conservación del medio ambiente y fortalecer la vigilancia en los entornos rurales de la comunidad. La iniciativa ha sido elaborada en colaboración con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La propuesta pretende dar desarrollo a la Ley 4/2024, básica de agentes forestales y medioambientales, aprobada por el Estado en noviembre del pasado año, y convertir a Castilla y León en una comunidad referente en protección medioambiental, teniendo en cuenta que más del 50% del territorio autonómico es superficie forestal, con más de 3 millones de hectáreas de arbolado.

UPL y Soria ¡Ya! consideran que la regulación mediante esta nueva ley es esencial para ordenar las competencias autonómicas en materia de conservación de montes, ríos, fauna y flora, así como de los espacios naturales que, destacan, “son clave en la economía rural y en la lucha contra la despoblación”.

CSIF recuerda que los agentes medioambientales son la primera línea en la vigilancia y protección del entorno natural, asegurando que su labor contribuye directamente al desarrollo económico de los pueblos a través de aprovechamientos forestales, turismo rural o actividades tradicionales como la resina, la micología o el corcho.

La proposición también resalta el papel fundamental que estos profesionales desempeñan en la extinción de incendios forestales —más del 90% bajo su dirección operativa—, especialmente en las provincias de Zamora, León y Salamanca, así como su participación en rescates en entornos naturales y emergencias como la pandemia de 2020 o la reciente DANA en Valencia.

El texto normativo propuesto contempla la creación oficial del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, así como un conjunto de medidas destinadas a mejorar sus condiciones laborales, incluyendo la dotación adecuada de medios materiales, formación continua, promoción profesional y su integración en el grupo de titulación correspondiente.

Según CSIF, actualmente no existe una legislación autonómica específica que regule la actividad de este colectivo, lo que genera inseguridad jurídica, dificultades en la coordinación y carencias materiales. Por ello, consideran esta ley una respuesta necesaria a las demandas históricas del sector, que permitiría consolidar un servicio público “eficiente, eficaz y fundamental para el futuro del medio rural”.