Laportavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, mostró esteviernes su “más absoluto rechazo” a la eliminación, por parte de la Junta deCastilla y León, del impuesto de sucesiones y donaciones.
“Conel déficit que tiene la Comunidad no se pueden permitir el lujo de prescindirde ingresos que rondan los 180 millones de euros”, remarcó Rosa Rubio, quienaseguró que este cálculo deriva de los últimos ejercicios.
Ademásde censurar que la Junta pida más recursos al Gobierno central mientrasrenuncia a estos, recordó que es una “irresponsabilidad” por parte delEjecutivo “eliminar impuestos a los que más tienen, para privar de derechos alos que menos tienen”.
“Dejarde ingresar esa cantidad va a suponer recortes en servicios básicos yesenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”, recordó.
Ensegundo lugar, sostuvo que con las reducciones y bonificaciones que existen enla actualidad, el impuesto que ahora va a quitar la Junta afecta a poco más de5.000 personas, frente a los 2,5 millones que viven en Castilla y León.
Rubiorecordó que estas bonificaciones que ahora elimina la Junta ya se quitaron en2009, si bien volvieron a establecerse en 2012.
Tambiénacusó a la Junta de “falsear la realidad” cuando dice que se elimina elimpuesto para eliminar la restricción al relevo intergeneracional de empresas ynegocios en vida dado que existe una reducción del 99 por ciento para laadquisición por herencia de explotaciones agrarias o empresas, un 99 por cientopara la donación a patrimonios protegidos de contribuyentes con personas condiscapacidad, víctimas del terrorismo o para adquirir una vivienda habitual silos hijos son menores de 36 años.
Existetambién, continuó, la reducción del 99 por ciento para la constitución oampliación de una empresa individual o negocio profesional y la herenciadirecta de padres a hijos tiene una reducción de 400.000 euros porcontribuyente.
“Desdeel PSOE entendemos que es una obligación del PP y Ciudadanos el velar por losingresos de nuestra Comunidad, el vigilar que cada uno pague a razón de lo quetiene, luchar contra el fraude y prestar a nuestros vecinos los servicios a losque tienen derecho y, para ello, están obligados a velar por nuestros recursosy no favorecer a unos pocos en detrimento de unos muchos”, concluyó.