CCOO de Castilla y León reclamó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que articule un nuevo Plan anticrisis para la Comunidad, coordinado y complementario al Sexto plan estatal, aprobado y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través del Real Decreto-ley 20/22 de ‘Medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania’.
En un comunicado recogido por la Agencia Ical, el sindicato señala que el plan presentado por el presidente autonómico en abril era “superfluo e insuficiente, además muy poco ambicioso”. Asimismo, señalan que era “eficaz a los efectos anti inflacionistas, y que introdujo rebajas fiscales que han sido aprobadas este mes de diciembre en la Ley de rebajas tributarias en la Comunidad”. Critican así que "no ha tenido ni tendrá efectos concretos ni resultados medibles”, ya que Castilla y León “sigue con la inflación más alta, el 7,8 por ciento de entre las comunidades autónomas”. Por todo esto, consideran que, “hasta que se diga estadísticamente lo contrario”, los efectos sobre la población de este plan son “nulos o desconocidos”.
Por ello, desde CCOO señalan que, ante las nuevas medidas estatales reguladas en diferentes apartados en la citada ley, que contienen líneas de actuación en materia energética, para el sector primario, sectores industriales, sector exterior y créditos, transportes y medidas sociales, desgravaciones fiscales en productos de necesidad y ayudas directas, etcétera, estas “deben ser mejoradas y ampliadas en Castilla y León”
“Es necesario un Plan nuevo, real y bien dotado económicamente que se ajuste a la situación actual de Castilla y León”, apuntan señalando que la Comunidad se sitúa estos últimos meses en datos económicos y sociales “muy decepcionantes y graves en el PIB”, y que sitúan la sitúan en una “situación de parálisis, sin iniciativas y en conflicto permanente e ineptitud política gubernamental nunca vista en estas tierras”.
En este punto, desde el sindicato indican que Castilla y León, entre otros muchos fondos recibidos de la UE y del Estado, se ha ahorrado por el tema de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la entrada en funcionamiento del Ingreso Mínimo de Vital, de carácter estatal, “en torno a 40 millones de euros en el año 2022 y se ahorrará en torno a los 60 millones en 2023”.
“Estos fondos y otros no están siendo puestos al servicio de las políticas sociales o medidas de este tipo que ayuden a los más afectados por la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania”, indican. Así, CCOO considera que “es el momento de actuar para ayudar a la ciudadanía en general, a los sectores, empresas, autónomos y trabajadores más afectados, y a las personas con menos ingresos”.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios