El sindicato CCOO reivindicó los servicios de integración sociolaboral que los agentes sociales prestaban a la ciudadanía migrante y que fueron “eliminados por la Consejería de Empleo” de la Junta de Castilla y León bajo la justificación de que supone “un gasto superfluo dedicar un presupuesto específico a este colectivo, ya que pueden acceder a los mismos recursos que los demás ciudadanos”.
En el Día Internacional de la Persona Migrante, CCOO respondió que “el desarrollo de servicios específicos de asesoramiento es una herramienta que facilita la integración” ante una saturación de las oficinas de extranjería que supone “retrasos de hasta tres meses para conseguir una cita presencial, problemas para saber dónde y cómo pedir cita previa, y falta de acceso de las personas extranjeras a trámites que se realizan con certificado digital por falta de conocimientos o recursos digitales", entre otras cuestiones que esgrimió CCOO en un comunicado remitido a Ical.
Por ello, la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO en Castilla y León, Nieves Granados, exigió a la Junta de Castilla y León que recupere este servicio “imprescindible en estos momentos en los que, como queda demostrado, aumenta la población foránea. Por tanto, el compromiso del Gobierno autonómico para resolver sus problemas de integración debe ser rotundo”, concluyó.
No obstante, del colectivo de ciudadanos y ciudadanas de la UE, las personas que proceden de Rumanía constituyen el 23 por ciento de la población, desde Bulgaria llegó un 17 por ciento y casi un 10 por ciento de Portugal. Mientras, entre los no comunitarios, los marroquíes constituyen un diez por ciento del total, seguidos, a gran distancia, por personas procedentes de Ucrania, Colombia, Venezuela y China.
“Es fácil describir la aportación de estos trabajadores”, señalan desde CCOO-CyL. “En el sistema de la Seguridad Social existen, a finales de octubre, 33.319 afiliados comunitarios y 40.860 afiliados no comunitarios. Un total de 74.178 personas en Castilla y León que suponen un 22 por ciento de los trabajadores en labores agrícolas y ganaderas, un 24 por ciento del total de la hostelería, un 18 por ciento de la construcción, y el 44 por ciento de las personas que cuidan nuestros hogares, a nuestros mayores e hijos”, apuntaron desde el sindicato.
Por ello, y ante una aportación “evidente a la sociedad y a la economía de Castilla y León” de los más de 200.000 extranjeros que viven en la Comunidad, desde CCOO se exige “la actuación del Gobierno regional, que por ley tiene la responsabilidad de favorecer la integración de la población extranjera”, si bien por el momento la Junta “no está a la altura”, según CCOO.
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