Santiago Aparicio reclama un plan especial de inspección de bajas laborales para combatir el absentismo

El reelegido presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE), Santiago Aparicio, subrayó este viernes que el absentismo laboral es un “gravísimo problema”, por lo que exigió más control, más rigor y más equilibrio. En este sentido, reclamó un plan especial de inspección de bajas laborales, similar al puesto en marcha por la Xunta en Galicia, y la creación de unidades de apoyo específicas que refuercen el trabajo de los servicios de inspección en distintas áreas piloto. Precisó que el organismo gallego detectó que dos tercios de los más de 20.000 personas citadas por la inspección entre junio y diciembre del año pasado fueron dadas de alta al comprobarse que su incapacidad temporal no estaba justificada.

Tras ser elegido por otros cuatro años más como máximo responsable autonómico de CEOE, tras la celebración de la Asamblea General Electoral, Aparicio aseguró que las empresas necesitan reglas “claras” y entornos laborales donde prime el “compromiso” y la “responsabilidad”. Añadió, según recogió la Agencia Ical, que la adopción de este tipo de medidas no buscan “cargar” contra los trabajadores ni de “cuestionar” su salud sino “todo lo contrario”.

En presencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pidió una gestión “más eficaz y responsable”, que proteja tanto a quienes realmente necesitan una baja como al conjunto del sistema. “El empresario no es ajeno al bienestar de su equipo. Muy al contrario, por que cuida, protege y necesita a sus trabajadores. Sabe que su talento, su compromiso y su salud son el activo más valioso de la empresa. Por eso pedimos soluciones”, sentenció.

Carriedo reconoció que el absentismo laboral es un problema “importante”, por lo que requiere un esfuerzo conjunto para llegar a acuerdos en esta materia, “siempre desde el respeto a los trabajadores, su salud y buscar lo mejor para el tejido productivo y el crecimiento económico de Castilla y León”. En este sentido, dijo que la Junta está abierta a escuchar e intentar llegar a un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta las circunstancias de la Comunidad.

En cuanto a las unidades de apoyo específicas de Galicia, precisó que han ofrecido formación continuada a los médicos en normativa esencial de procedimientos de incapacidad, han realizado un seguimiento más ágil de las bajas en curso y han mejorado la coordinación entre los distintos actores implicados. Entre otras medidas, citó la incorporación de la información de las mutas a la historia clínica del paciente y se fija automáticamente la próxima cita desde el primer parte de baja, de cara a evitar dilaciones “innecesarias”. También se desarrollan unidades asistenciales específicas para patologías como las musculoesqueléticos o las de trastornos leves de salud mental que suponen buena parte de las incapacidades temporales.

Santiago Aparicio apostó por una administración que acompaña al empresario y no que le ponga “zancadillas”, tras considerar que hay un “exceso” de presión inspectora, especialmente en la órbita fiscal. “Muchas veces se percibe más como una persecución que como una labor de control razonable”, sentenció. En su opinión, las dobles inspecciones, la falta de coordinación entre administraciones y la carga burocrática “creciente” lastran la actividad empresarial y, “lo más grave”, el traslado de sus domicilios sociales a otras comunidades autónomas. Por eso, abogó por avanzar hacia la creación de un distrito único, donde se armonicen criterios y se eviten duplicidades que generen “inseguridad, costes innecesarios y desigualdades”. “Lo que pedimos no es ningún privilegio, sino eficiencia y sentido común”, añadió.

Tras señalar que los empresarios han afrontado unos últimos años complicados por la pandemia del COVID, una recuperación difícil con una inflación “desbocada” y reformas legales que han impactado “de lleno” en el tejido productivo, sin olvidar el intento de la reducción laboral a 37,5 horas de la última semana. “A pesar de todo, aquí seguimos las empresas aguantando, invirtiendo, creando empleo y demostrando una vez más su papel esencial en la economía y en la sociedad”, apuntó. Además, aseguró que CEOE de Castilla León estará “ahí” y defenderá los intereses de las empresas grandes, las medianas, las pequeñas y los autónomos con diálogo, “cuando ha sido posible”, y con firmeza, “cuando ha hecho falta”.

Seguridad jurídica

El presidente autonómico de CEOE reiteró que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin empresas competitivas no hay empleo estable y que sin diálogo social no hay futuro compartido. Para eso, es necesaria una organización “fuerte, ágil y moderna” que esté cerca de las empresas y que siga siendo un interlocutor “válido y respetado” ante las administraciones y ante la sociedad.

Con la asistencia del secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, y el secretario de Empleo y Formación de CCOO, Nino Fernández, puso en valor de Diálogo Social que “ha vuelto con mucha fuerza”, al lograr recuperar “plenamente” la esencia y la confianza. “Todos, sindicatos, Junta y CEOE hemos reconocido que continúa siendo seña de identidad de Castilla León y hemos realizado un esfuerzo extraordinario para llegar a nuevos acuerdos, como los firmados en abril”, expuso.

Aparicio también apostó por el impulso de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como pilares clave para la competitividad futura. Sin olvidar, la defensa de todos los sectores a través de las comisiones especializadas para reforzar el trabajo en áreas que son prioritarias.

Ciberseguridad

Por último, citó el “gran desafío” que supone la ciberseguridad por que manifestó que no hay ningún negocio -con independencia de su tamaño- que esté exento de riesgo de un ciberataque. Además, mostró su compromiso con la inteligencia artificial, una tecnología que abre nuevas oportunidades para optimizar procesos y mejorar la productividad, y la factura electrónica, una herramienta clave para agilizar la gestión empresarial y cumplir con los nuevos requisitos normativos.

Antes de concluir, el presidente de CEOE subrayó que la organización trabajará para no perder talento e impulsar políticas que fomenten el relevo generacional y que conecten la formación con las necesidades reales del mercado laboral. Reconoció, según recogió Ical, que hoy faltan profesionales en sectores fundamentales como la construcción, el transporte, la agroalimentación, la hostelería y los cuidados, algo que, a su juicio, limita la capacidad de las empresas para crecer y para responder a su demanda.

En este sentido, Aparicio apostó por reforzar la colaboración entre empresas, administraciones y centros de formación para diseñar itinerarios ágiles, flexibles y, sobre todo, orientados al empleo. Y es que reclamó políticas activas que impulsen la formación dual, incentiven el retorno del talento joven que tuvo que marcharse y se abran “vías ordenadas” para la incorporación de mano de obra extranjera en sectores donde no se cubren los vacantes. “Otras comunidades ya están avanzando con éxito en este camino, adaptando su oferta formativa a la realidad productiva, atrayendo a profesionales cualificados y fomentando la empleabilidad a largo plazo. Castilla y León no puede quedarse atrás”, advirtió.

Por ello, demandó la puesta en marcha una bolsa activa y actualizada de personas dispuestas y preparadas para trabajar en los sectores que más mano de obra necesita la Comunidad, con la conexión “directa” de la oferta y demanda, con itinerarios formativos y apoyo a la incorporación laboral.

Red eléctrica saturada

También, aprovechó su intervención para asegurar que el futuro de la economía depende de unas políticas energéticas “estables y razonables” que no penalicen a la industria ni a las pymes por el “mero hecho” de producir en Castilla y León. Alertó que esta semana, la Comunidad recibía una “muy mala” noticia, con la publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica que ha revelado una situación “crítica”. No en vano, afirmó que el 83 por ciento de los nudos de la red está saturados, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica en la mayoría del territorio nacional. “Sin una red robusta y preparada no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica. Esto limita el potencial de las energías y frena el crecimiento económico y la competitividad de Castilla y León y del conjunto de España”, sentenció.