En un año de abundantes lluvias, el cambio climático y el repunte en la quema de combustibles fósiles mantienen un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales. El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 55 situadas en Castilla y León.
En lo que respecta a Castilla y León, entre sus principales conclusiones, destacan:
- En 2018, se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), recuperando aparentemente la tendencia decreciente de estos contaminantes iniciada en 2008 con la crisis económica. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas y las centrales térmicas del norte de León y Palencia se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.
- El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2018 a la totalidad de la población y del territorio de Castilla y León.
Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, no habría población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales. No obstante, el objetivo legal del contaminante ozono se ha superado en la estación de la ciudad de Segovia. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó 19.000 km2, la quinta parte del territorio castellano y leonés, en la zona Sur y Este de la Comunidad.
- Las elevadas precipitaciones y la inestabilidad atmosférica han reducido los episodios de contaminación, contribuyendo de manera importante a mejorar la calidad general del aire. El invierno y el otoño han resultado húmedos, lo que ha favorecido la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). En cambio, pese a las fuertes lluvias primaverales, el prolongado calor estival ha mantenido elevadas los niveles de ozono. El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante 2018, por el prolongado calor estival, toda la población y el territorio castellano y leonés han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal, especialmente en las zonas rurales a sotavento de las principales ciudades.
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire también afectaron a un tercio de la población de Castilla y León, repartida entre las aglomeraciones de León y Valladolid y el entorno de las centrales térmicas del norte de León y Palencia, aunque dentro de los límites legales. Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se recuperó la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica.
- El descenso de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor inestabilidad atmosférica, y en menor medida de la reducción de la producción eléctrica en centrales térmicas. No obstante, el cambio de ciclo económico está conllevando el aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria, recuperando los niveles del año 2012.
La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.
Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla y León lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en las zonas Salamanca, Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Sur y Este de Castilla y León, donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 1,7 millones de castellanos y leoneses y de una quinta parte de los cultivos y bosques de la región.
La única forma de mejorar la contaminación del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón (Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla) y penalizar el diésel.
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