Transparencia remite a las Cortes su informe anual sobre delitos contra la Administración autonómica

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha emitido, para su remisión a las Cortes de Castilla y León, el informe relativo a las informaciones recibidas durante el año 2020 en el marco de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. En dicho informe se da cuenta de las dos informaciones recibidas, a las que se ha dado la tramitación correspondiente.

 Mañueco ical
Mañueco ical

Está previsto que esta ley, que ha supuesto un primer instrumento adoptado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la actuación ante delitos contra la Administración Pública, dé paso a una nueva norma. La Viceconsejería de Transparencia y Calidad de los Servicios y la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios lideran los trabajos de elaboración y tramitación de dicha nueva ley, iniciados en noviembre de 2019, dentro de los compromisos de legislatura de la consejería a la que pertenecen.

Con la nueva ley se busca ampliar tanto el ámbito de actuación -y hacerlo extensivo a cualquier irregularidad en la toma de decisiones o el manejo de fondos públicos- como el ámbito subjetivo, de forma que alcance no sólo a quienes intervienen en su gestión desde la administración -ya sea la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades que integran la administración local junto con todo tipo de entes dependientes o vinculados a ambas administraciones públicas-, sino  también a las instituciones básicas y propias de la Comunidad, universidades públicas, partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y cuantas personas físicas o jurídicas pudieran convertirse, a través de los distintos mecanismos jurídicos, en perceptores de fondos públicos.

La norma, actualmente en tramitación, creará la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y establecerá el estatuto de las personas denunciantes, a fin de lograr una adecuada gestión de los fondos y patrimonio públicos y facilitar que cualquier persona pueda dirigirse a la Oficina a través de procedimientos o canales que garanticen la confidencialidad.

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