El transporte sanitario se moviliza en Castilla y León para exigir el fin de la precariedad laboral

Los profesionales del transporte sanitario de Castilla y León se han concentrado este martes, 11 de febrero, coincidiendo con el Día del 1-1-2, para denunciar la grave situación laboral que atraviesa el sector y exigir un cambio urgente en el modelo de gestión del transporte sanitario en la Comunidad.

La movilización tiene un mensaje contundente: la Junta de Castilla y León no debe prorrogar el contrato vigente y debe iniciar de forma inmediata una negociación real para un nuevo convenio colectivo que ponga fin a la precariedad estructural que sufre el sector.

Los trabajadores advierten de que no se puede seguir sosteniendo un servicio público esencial como el transporte sanitario sobre la base de plantillas exhaustas, salarios insuficientes y condiciones laborales indignas. En este sentido, reclaman que la Administración asuma su responsabilidad y apueste por un modelo que garantice una atención sanitaria de calidad para la ciudadanía y empleo digno para quienes la prestan.

Desde el sector señalan que la continuidad del actual sistema de externalización beneficia únicamente a las empresas adjudicatarias y a los fondos de inversión que las controlan, mientras se perpetúa la precariedad laboral del personal. Por ello, exigen que no se prorrogue ni un día más el contrato actual y que se abra un proceso de negociación efectivo para un nuevo convenio que garantice salarios dignos, suficientes para vivir y trabajar en Castilla y León sin necesidad de recurrir a ayudas públicas ni a dobles empleos.

Los profesionales recuerdan además que, pese a la falta de medios y al incumplimiento de inversiones comprometidas, el servicio ha salido adelante gracias exclusivamente al compromiso de la plantilla. Episodios recientes como el apagón eléctrico nacional o la pandemia de la COVID-19 pusieron de manifiesto que el transporte sanitario funciona por la responsabilidad y el esfuerzo de sus trabajadores, incluso cuando fallan la Administración y las empresas concesionarias.

Entre las principales reivindicaciones trasladadas a la Junta de Castilla y León se encuentran la apertura inmediata de una negociación para un convenio colectivo digno, el inicio del debate sobre un cambio de modelo hacia la gestión pública directa, la mejora de salarios y condiciones laborales, medidas urgentes para frenar la fuga de profesionales y un control real de las empresas adjudicatarias, así como el pago de todas las deudas pendientes con la plantilla y con la Seguridad Social.

Los trabajadores del transporte sanitario advierten de que no aceptarán que el sistema siga sosteniéndose sobre su sacrificio personal y familiar y señalan que, si la Administración continúa prorrogando contratos sin abrir una negociación real o abordar un cambio de modelo, el conflicto irá en aumento.