UGT asegura llevar más de dos años intentando reunirse con la consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Mª Isabel Blanco Llamas, sin respuesta por su parte. Por eso, el pasado jueves 23 de marzo, el sindicato ha registrado “de nuevo” una solicitud para concertar una reunión urgente y “abordar, de una vez por todas, las precarias condiciones que tienen los trabajadores de centros que atienden a personas con discapacidad en nuestra comunidad”.
Cabe recordar que la mayor parte de las empresas del sector pertenecen a Asociaciones sin ánimo de lucro y cuya financiación principal llega a través de subvenciones públicas y concertación de plazas con la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León. También se encuadran en el sector los Centros Especiales de Empleo cuyos trabajadores son, en su mayoría, discapacitados con relación laboral de carácter especial.
Este colectivo está regulado por el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con Discapacidad de Ámbito Estatal que establece la posibilidad de negociar acuerdos sobre distintas materias en cada una de las comunidades autónomas, dado que la mayor parte de las competencias en materia de servicios sociales se encuentran transferidas.
Estos Acuerdos Autonómicos ya se ha producido en otras CCAA como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla La Mancha, Murcia o Asturias donde ya existen acuerdos firmados o en proceso de negociación que mejoran sustancialmente las condiciones laborales del Convenio Colectivo Estatal.
Por tanto, desde UGT exigen a la consejera de Familia el inicio de unas negociaciones “que, sin duda, beneficiarán no sólo a las trabajadoras y trabajadores del sector, sino también a las personas con discapacidad beneficiarias de los servicios en aras de conseguir un servicio de más calidad”. Y es que la organización sindical quiere abordar, en dicho encuentro, diversas propuestas como la concertación de las plazas, el reconocimiento de un complemento autonómico, la reducción de horas anuales, el abono de los domingos, festivos o a turnos, la jubilación anticipada desde los 60 años, las mejoras en las situaciones de incapacidad temporal o las medidas efectivas de conciliación.
Ante la falta de respuesta, UGT ha acusado de “falta de sensibilidad y voluntad política” a la consejería de Familia e Igualdad “por la precariedad laboral que soportan históricamente estos trabajadores, que atienden a usuarios discapacitados físicos, psíquicos, e intelectuales en nuestra comunidad”. Por todo ello, el sindicato amenaza con iniciar “diversas acciones de presión para lograr objetivos” si no son convocados a una reunión antes del 14 de abril, comenzando por concentraciones mensuales ante la sede de la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades desde el mismo mes de abril.
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