UGT lleva a la Junta de Castilla y León a los tribunales por la reclasificación de 5.000 empleados públicos

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha recurrido a la vía judicial y administrativa para reclamar la reclasificación profesional de 5.000 empleados públicos, según han informado representantes del sindicato.

El objetivo es ajustar las categorías de los trabajadores a sus títulos académicos, en línea con los acuerdos derivados del proceso de Bolonia. Según el sindicato, el incumplimiento provoca que muchos empleados desempeñen funciones para las que están sobrecualificados, con una pérdida económica que oscila entre 2.000 y 3.300 euros anuales, más 600 euros en trienios.

La demanda judicial se ha centrado inicialmente en los técnicos superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, un colectivo con criterios más claros para abrir una vía legal que pueda extenderse al resto de categorías. La Junta de Castilla y León, según UGT, no ha respondido a las reclamaciones previas ni ha iniciado reuniones para abordar el asunto.

La reclasificación prevista establece que los técnicos superiores sanitarios deben estar en el Grupo B y los TCAEs pasar del C2 al C1, reconociendo su titulación y funciones reales. El sindicato subraya que se trata de una cuestión de justicia y coherencia normativa, y no de un privilegio salarial.

Por otro lado, UGT también ha extendido la reclamación a los técnicos de transporte sanitario, aunque actualmente dependan de empresas privadas. El sindicato apunta a que esta medida sería un primer paso hacia la internalización del servicio y la mejora de la calidad de la atención.

El coste estimado de la reclasificación se sitúa entre 10 y 15 millones de euros, considerado “una minucia” en comparación con otros gastos de la Administración, según UGT.