Solo el 16,85 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, 53.814 personas. Se trata de tres puntos más que la media nacional, del 13,35 por ciento, hasta 1,1 millones de habitantes, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En España, 213.219 hogares reciben el complemento de ayuda a la infancia. El IMV llega a 461.788 hogares cuando se han tramitado casi 1,9 millones de solicitudes.
La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa “desigual” en el territorio nacional. Hay comunidades que tienen una cobertura del 7,23 por ciento, como Baleares, o 7,83 por cinto, como Cataluña, mientras que Navarra y Ceuta se sitúan en torno al 28 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza.
El IMV alcanza la mitad de los beneficiarios previstos (el 51 por ciento), con lo que todavía quedan más de 1,1 millones por incorporar al IMV para llegar al objetivo de los 2,3 millones previstos por el Gobierno al comenzar su implantación.
Desde marzo de 2022 se han incorporado a la percepción del IMV 111.000 personas. El ritmo de incorporación de beneficiarios se ha ralentizado respecto al anterior trimestre. Se ha pasado de una media de unos 80.000 perceptores nuevos cada mes en el primer trimestre a tener unos 37.000 entre marzo y junio.
A su juicio, el alto número de solicitudes no se ha traducido en un alto número de resoluciones aprobadas. Sólo se concede el 24,3 por ciento de las tramitadas. Las trabas burocráticas “pueden estar generando un gran volumen de trabajo administrativo, con pocos resultados para la población en riesgo de pobreza que sigue viendo como tres de cada cuatro solicitudes son denegadas”.
Además, el IMV supera en su cobertura (1,1 millones) al sistema de rentas mínimas en 2020 (795.861 perceptores), con un 148 por ciento en España, frente al 203 de Castilla y León. Algunas autonomías siguen rezagadas en la concesión de esta prestación. Cantabria (82 por ciento), Asturias y Baleares (71), Cataluña (64), Navarra (47) y País Vasco (36) siguen sin alcanzar la cobertura que tenían con el sistema de rentas mínimas en 2020, y “se alejan del incremento medio de beneficiarios que se ha producido en España”.
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