La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) justificó hoy su acuerdo con el Ministerio de Agricultura por el que decae su participación en las movilizaciones del campo en la “responsabilidad” por las “soluciones” conseguidas para agricultores y ganaderos ante “la incertidumbre” por la cercanía de cuestiones como la presentación de las solicitudes de PAC o la declaración de la renta y porque “no se podía esperar eternamente” a lograr el cien por cien de las peticiones enarboladas en las manifestaciones del sector agrario.
No obstante, el secretario general de la organización profesional agraria en Castilla y León, Aurelio González, aseguró que este acuerdo no agrieta la alianza que UPA mantiene con COAG en la Comunidad. “No está en riesgo”, aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, al señalar que ya en el convenio de unidad de acción entre ambas organizaciones se especifica que son dos opas y defienden “juntos” en lo que coinciden y por separado cuando mantienen “una postura diferente”.
En todo caso, y acompañado por el secretario general nacional de la organización, Lorenzo Ramos, González afirmó que UPA está abierta a que tanto COAG como Asaja y el resto de organizaciones profesionales agrarias se unan no solo al acuerdo con el Ministerio, sino a las demandas que se le enviaron a la Junta la semana pasada y entre las que se encuentran 30 reclamaciones para ampliar y poner en marcha las medidas acordadas con el Gobierno.
Medidas que, según Ramos, no se podían “dejar caer” porque “con independencia de las medidas de simplificación de la PAC conseguidas, había un paquete de fiscalidad, financiación, seguros agrarios e icnorporación de jóvenes que conllevaba una cuantía de más de 2.000 millones de euros que no se podía perder” para el conjunto del sector en el país.
Por ello, el líder nacional de la opa justificó la firma recordando que desde UPA “da igual gobierne quien gobierne” tanto para negociar como para reivindicar, y que por ello salieron a las calles y carreteras durante los meses de enero y febrero pero que “fueron perdiendo fuelle” a partir de entonces y, tras la reunión con Luis Planas el 28 de febrero, se tomaron un mes para reflexionar sobre las medidas propuestas hasta firmar el documento el 3 de abril.
“Se ha adherido alguna otra organización agraria y estamos pendientes de que puedan sumarse más”, recordó, señalando que las opas solo son “útiles” si aportan “soluciones”, como consideró que es el caso. No obstante, sí señaló que, aunque con la firma del acuerdo, decae la presencia de UPA en posibles movilizaciones que afecten a los temas acordados, no sucederá así para aquellas otras cuestiones que se puedan “mejorar” y “seguir exigiendo lo que no esté” en el acuerdo.
Frente a las críticas, defendió además que no es su organización la que rompe la unidad de acción porque “ninguna organización ha criticado las medidas” acordadas con el Ministerio, sino “solo que hayamos firmado. Pero alguien tenía que hacerlo, no podemos estar eternamente esperando”, sentenció.
Además, añadió que para el desarrollo de algunas de las medidas acordadas era necesaria la firma de, al menos, una organización agraria para que Agricultura pudiera exponer el acuerdo ante otros ministerios como Hacienda, porque incluye cuestiones de fiscalidad y financiación para las que “el dinero tiene que salir de otros departamentos”. Asimismo, la firma del acuerdo permite a UPA formar parte de la comisión de seguimiento de las medidas, para asegurar que estas se pongan en marcha.
90% de las peticiones
Unas medidas que Lorenzo Ramos defendió porque, entre otras cuestiones, “eliminan la obligación de rotar y dejar el 4 por ciento de barbecho hasta finales de 2027, reducen las exigencias de los ecorregímenes, hacen que el cuaderno digital sea voluntario, simplifican los controles y permiten que no haya que enviar fotos georreferenciadas”, además de eliminar la identificación electrónica o la obligatoriedad del veterinario en la explotación.
Cuestiones, todas ellas, relativas a la PAC, pero también apuntó que, en materia de acuerdos comerciales con terceros países, se ha llegado “hasta donde se ha podido” y que, al menos, en España se va a aplicar el límite cero para los productos que contengan residuos de aquellos fitosanitarios que en Europa no se pueden utilizar, para lo que, además, se multiplicarán los controles. A todo ello se suma el grupo de trabajo con las opas al que se ha comprometido el Ministerio para hacer el seguimiento “en exportaciones e importaciones” de los principales productos.
También defendió la Ley de la Cadena Alimentaria y el acuerdo para que la AICA “pase a ser agencia estatal, con más personal y medios” para el control del funcionamiento de la cadena, así como el programa que permitirá que agricultores y ganaderos presenten denuncias ante incumplimientos de la ley “sin miedo a represalias de las empresas”.
Reivindicó igualmente el hecho de que se haya “salvado el sistema” de los seguros agrarios con medidas como que “cuando vengan daños extraordinarios, no se van a pagar con el dinero que sale del presupuesto propio de los seguros”, lo que incrementaba las pólizas. Y sostuvo la importancia tanto de la consecución de una línea de crédito para financiación de 800 millones de euros como el mantenimiento de la devolución del impuesto especial de hidrocarburo, frente a la “amenaza” de que los 400 millones que cada año se devuelven “se perdiesen”.
Todo ello llevó a Lorenzo Ramos a señalar que el acuerdo firmado por UPA con el Ministerio de Agricultura “recoge más del 90 por ciento de las peticiones que hacíamos las tres organizaciones profesionales agrarias en el documento que le entregamos” al propio Planas. “Ahora queda que las comunidades autónomas se impliquen”, concluyó.
30 reivindicaciones ante la Junta
En ese sentido, y tras reivindicar la importancia que para Castilla y León tiene el acuerdo, Aurelio González presentó las principales reivindicaciones de la treintena de medidas “reales, de andar por casa”, que el sector “necesita” y que se plantearon en el documento que UPA registró ante la Consejería de Agricultura la pasada semana.
Un escrito al que animó a sumarse al resto de organizaciones profesionales agrarias con representación en la Comunidad (Asaja, COAG y UCCL) y en el que se solicita “que se respete la interlocución con las opas, que finalice el proceso de entidades colaboradoras y que no se exija cita previa en la Administración regional para hacer trámites de certificados porque es más burocracia”.
También se pide incrementar la dotación de personal en las unidades veterinarias, la convocatoria de ayudas con un calendario en el que “no se dupliquen ni se solapen los tiempos”, la creación de un observatorio de costes del que de momento “solo hay un borrador” y en él “falta que se concrete la oficialidad de os informes sobre lo que cuesta producir” y que de los 18 miembros del observatorio “las opas tengan seis representantes, como en el Consejo Agrario, y no tres”.
Entre las peticiones también figura la eliminación de tasas, la convocatoria urgente de ayudas agroambientales, el incremento del presupuesto para seguros agrarios, la agilidad en los trámites para la ganadería, la mejora en las indemnizaciones por sacrificio, nuevas ayudas para los afectados por la EHE, un control más exhaustivo de la fauna silvestre, “flexibilidad, mejora y menos trámites” para la incorporación de los jóvenes al campo y “más presupuesto, que hay que buscar donde haga falta” como, por ejemplo, en la parte de la PAC dedicada a la industria agroalimentaria porque “si incumple la Ley de la Cadena Alimentaria, no debería recibir ese dinero”.
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