Vivienda notifica más de 1.350 pisos turísticos ilegales en Castilla y León a las plataformas digitales para que retiren los anuncios

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las plataformas ‘on line’ la existencia de 1.357 viviendas turísticas y temporales ilegales en Castilla y León para que retiren sus anuncios. Se trata de inmuebles que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos.

España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. Desde el pasado mes de julio, es obligatorio disponer de este código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una vez el Ministerio notifica, las plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que pueden estar comercializándose en varias plataformas a la vez.

De las 412.253 solicitudes de registro en toda España, 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que 91.608 (22%) son de alquiler no turístico o de temporada. A nivel nacional, se han notificado 86.275 pisos turísticos y de temporada ilegales a las plataformas digitales para la retirada de los anuncios.

Un comunicado del Ministerio señaló que la “gran anomalía” se da en la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. En concreto, 21.978 de las 26.355 solicitudes son de alojamientos de temporada, frente a 4.377 de alojamientos turísticos.

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el uso turístico de viviendas, con 5.344. Le siguen Barcelona (5.005), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

Vivienda subrayó que el registro obligatorio de alojamientos de corta duración busca perseguir y poner fin al fraude en este tipo de alquileres, al tiempo que se activan mecanismos para que estas viviendas puedan incorporarse al mercado de alquiler residencial. “Se busca preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que opera un gran número de alojamientos, que provoca una subida exagerada de los precios, la expulsión de familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad”, añadió.