El grupo parlamentario Podemos ha presentado una proposición no de Ley para su debate en pleno sobre pobreza energética, con el objeto de que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de España a que apruebe medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico, entendido este como "parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada" (artículo 47 de la Constitución Española) y
como "condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana" (artículo 10 de la Constitución Española). En concreto se han trasladado las siguientes propuestas:
- Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías;
- Fin de los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia;
- Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas;
- Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs);
- Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas;
- Aplicación del tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
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