Los trabajadores sociales del país alertan sobre lasconsecuencias negativas de la falta de atención presencial en los centros deServicios Sociales del país, según se desprende de los datos recogidos en el“Segundo Informe del Monitor de Impacto de la COVID-19 en los ServiciosSociales”, recientemente presentado y elaborado conjuntamente por lasuniversidades de Salamanca, Islas Baleares, País Vasco, Zaragoza y Complutensede Madrid.
La Universidad de Salamanca, a través de la profesora delDepartamento de Sociología y Comunicación Marta Gutiérrez Sastre, participa enesta investigación financiada por el Instituto de Administración Pública en laque se recoge cómo se ha vivido la pandemia de septiembre a noviembre de 2020en un total de cincuenta y dos centros de Servicios Sociales de 6 ComunidadesAutónomas diferentes.
El trabajo, que se seguirá desarrollando hasta septiembre de2021 y del que se publicarán informes cada dos meses, recoge entrevistas conlos coordinadores de centros de las Comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares,Castilla y León, Euskadi y Madrid. Infraestructuras que ofrecen una muestra muyvariada tanto en tamaños de los municipios, sectores económicos predominantesen la zona y situación socio-económica de las familias que acuden a ellos yque, no obstante, arrojan datos similares en cuanto a las líneas generales delo que está ocurriendo en cada área de estudio.
Limitaciones de la atención virtual en la ‘nuevanormalidad’
En este sentido, los investigadores recogen en su informeque “no se puede hablar de una absoluta vuelta a la normalidad en el servicio”.A pesar de que tras el verano se han podido retomar parte de las personasusuarias y procedimientos e historias que habían quedado paralizadas tras lapandemia la generalización de “nuevas formas de obrar, los limitantes asociadosa ellas y al propio momento justifican el término de -nueva normalidad-”,argumentan.
Los centros de Servicios Sociales se han ido abriendoprogresivamente a la atención presencial, pero con muchas más limitaciones queantes de la pandemia. Ahora se atiende solo con cita previa y buena parte de lacomunicación y seguimiento de las personas usuarias se hace mediante teléfono ocorreo electrónico. Asimismo, los trabajadores sociales alertan sobre lasposibles consecuencias de la falta de atención presencial durante tantos mesesy destacan la importancia de la presencialidad en su función y las limitacionesque conlleva la atención virtual cuando es necesario valorar la situación deuna persona o de una familia.
Aunque desde el verano la demanda se ha reducido o, al menosestabilizado, las solicitudes de ayuda para cubrir necesidades básicas comosuministros, alquiler o alimentos siguen siendo muchísimo más numerosas que enaños anteriores, indican.
Usuarios de perfiles muy diversos
El informe demuestra, además, que el perfil de las personasque acuden a los Servicios Sociales para solicitar ayuda es enormementediverso. La precariedad laboral y social que está provocando la COVID-19 haalcanzado a personas y familias que nunca antes se habían visto en situación denecesidad, al mismo tiempo que se agudiza con aquellas personas usuarias “detoda la vida”.
Se atiende a los usuarios habituales, pero también a losnuevos perfiles de personas “normalizadas”, familias con niños y personas conproblemas emocionales vinculados a la pandemia y confinamiento. De hecho, losautores indican en el estudio que “las necesidades aumentan y se diversifican,por lo que se teme que el invierno traiga más cierres en hostelería y, conello, más personas que necesitan ayuda de los Servicios Sociales”.
Ingreso Mínimo Vital, burocracia que desconcierta y creaincertidumbre
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, los datos muestran que hasido una nueva medida aplaudida por los y las trabajadoras sociales porquesupone el reconocimiento explícito de un derecho. Sin embargo, en sus primerosmeses de funcionamiento les ha provocado una significativa sobrecarga laboral.
En lo que respecta a las personas usuarias, los datosreflejan que viven el proceso burocrático de solicitud y espera de resolucióncon desconcierto, incertidumbre y malestar por las falsas expectativasgeneradas. Por ello, parece necesario “repensar cuestiones como elprocedimiento de solicitud, la coordinación entre organismos públicos y lasubsidiariedad de las rentas autonómicas para tratar de mejorar una medidapositiva como ha sido la aprobación del IMV”, aducen los participantes delestudio.
Adaptación al cambio y demanda de trabajo presencial
Por otra parte, en general ha habido buena sintonía entre elnivel político (ayuntamiento) y el técnico (coordinadores de los Centros deServicios Sociales). Las quejas suelen estar referidas a actuaciones llevadas acabo sin contar con el criterio de los profesionales de los Servicios Sociales,lo que se vive con indignación y también con tristeza. Los organismosdirectivos de los propios Servicios Sociales reciben quejas por el mismomotivo, por imponer organizaciones y re-organizaciones (espaciales, de carga detrabajo y horarias, entre otras) sin tener en cuenta al trabajador.
Del documento se extrae que el profesional de los ServiciosSociales ha sabido adaptarse a los cambios necesarios por la situación. Noobstante, la adrenalina de la sorpresa de los primeros meses ha dado lugar a uncansancio y desgaste generalizado que se hace más intenso ante la incertidumbrede cuánto durará esta situación.
Además, la sensación de responsabilidad ante las vidas precariasy en riesgo de extrema pobreza de muchas personas usuarias de ServiciosSociales crea angustia al trabajador social. Al mismo tiempo, la presiónconstante de la demanda que les lleva a focalizarse en la tramitación de ayudasde emergencia, en muchos casos de forma telemática y sin tratar personalmentecon las personas, crea una sensación de pérdida de sentido de la profesión. Porello expresan “la necesidad de volver a la presencialidad -de manera controladay con protección- y de reactivar el trabajo social con grupos y comunitariopara recuperar la razón de ser de su trabajo: la intervención social”.
Al igual que en el primer informe, en este último documentorecién presentado el sentimiento de incertidumbre continúa instalado en losdiscursos de los profesionales de estos centros cuando se habla de futuro deacuerdo al volumen de la demanda como a las necesidades a las que deben darcobertura desde los mismos, razones que les llevan a mantenerse en la duda anteun porvenir poco positivo.
De hecho, aunque la vuelta al trabajo presencial es unarealidad, con ciertas restricciones en algunos programas, estos profesionalestemen la posibilidad de que un nuevo confinamiento afecte a los beneficios dela atención ‘cara a cara’. Además, a pesar de contar con experiencia previasobre nuevos modos de intervenir y las herramientas para ello, lo que puedaocurrir con las ayudas económicas y su duración se convierte en unapreocupación común a todas las Comunidades Autónomas, ya que “su continuidadserá esencial”, concluyen en el informe.