70 colegios de abogados de España, entre ellos, el de Zamora, utilizan las conexiones telemáticas con organismos competentes en Justicia

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a casi 70 colegios de abogados “de forma telemática y sencilla” con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia. Entre esos colegios de abogados figura el de Zamora, según confirmaron a zamora24horas fuentes del órgano colegiado.

La tramitación de expedientes electrónicos relacionados con la justicia gratuita convirtió a Valencia en la comunidad autónoma líder de España en 2013, con 91.044 solicitantes; seguida por Madrid, que se incorporó el año pasado a este sistema tecnológico con 87.145; Andalucía, con 86.317, y Cataluña, en la que 70.268 personas solicitaron este servicio a través de las entidades colegiales.

Galicia, Canarias, y Murcia están por encima de los 22.000 expedientes y Baleares, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan los 13.000, según precisan fuentes del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Anteproyecto de Ley

El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborado por el Ministerio de Justicia y pendiente de su aprobación por el Consejo de Ministros, da respaldo a la labor tecnológica que la abogacía ha realizado durante años en la tramitación electrónica de la justicia gratuita al incluir, como novedad con respecto a la normativa actual, la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento de este derecho, siempre con la autorización expresa concedida por el solicitante de justicia gratuita para la consulta de sus datos.

Además, se da amparo legal a la realización electrónica de comprobaciones por los colegios de abogados sobre la exactitud y realidad de los datos económicos, en especial, de rentas y patrimonio, de los solicitantes de justicia gratuita, gestión que anteriormente llevaban en exclusiva las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, según las mismas fuentes.