Save the Children ha presentado su nuevo informe ‘Ojos que no quieren ver’, donde ha analizado los abusos sexuales a menores a través de más de doscientas sentencias judiciales. El informe alerta de que se extiende de media cuatro años, lo que demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.
“Que haya niños sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya niños que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidos se debe a una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas”, recoge el informe.
Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016, según el Anuario del Ministerio del Interior, pero, aunque los datos oficiales aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Tan solo un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral.
“Los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando. En las sentencias que hemos estudiado, tan solo en un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes, por eso es imprescindible que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha”, afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.
Añade que denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso. El proceso judicial dura de media tres años, en los que los niños tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada diez procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.
Por eso, “para que un testimonio sea válido no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración. Estas tres condiciones son complicadas de cumplir en el caso de los niños, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel – que suele ser familiar o conocido-, se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso. Si no hay testigos la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses que muchas veces no usan métodos científicos en el proceso”.
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