La Abogacía de Castilla y León rechaza limitar a un juzgado en cada provincia los litigios sobre cláusulas suelo

Los nueve colegios de abogados suscriben el acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española.

 La Abogacía de Castilla y León rechaza limitar a un juzgado en cada provincia los litigios sobre cláusulas suelo
La Abogacía de Castilla y León rechaza limitar a un juzgado en cada provincia los litigios sobre cláusulas suelo

La Abogacía de Castilla y León, que representa a los nueve colegios de abogados de la Comunidad Autónoma, se suma al rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial para la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia que, de manera exclusiva y no excluyente, conozca sobre los litigios sobre cláusulas suelo en escrituras hipotecarias.

La Abogacía considera que este plan produce un sobrecoste añadido a los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial.

Además, creen que el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.

El presidente de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, recuerda que el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que determine que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos; siempre con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.

Sanz Orejudo añade que "la Abogacía aconseja mesura en sus decisiones al órgano del gobierno del Poder Judicial, para no empeorar la situación de los órganos judiciales y los ciudadanos en su relación con la Administración de Justicia".

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