El interventor del Ayuntamiento de Zamora denunció ante la Fiscalía Provincial la instalación de los baños portátiles del mercadillo sin existir una partida presupuestaria previa a ese gasto. Ante esta denuncia, el Alcalde Francisco Guarido ha querido destacar que esa medida fue tomada por el concejal debido "a la urgencia de estos servicios" y aseguró también que el posterior contrato menor de este servicio es "totalmente legal".
Del mismo modo Guarido calificó de "bochornoso" este proceso debido "a la existencia de casos más graves que un desembolso de 200 euros semanales y estamos a la espera de la respuesta de la fiscalía". El Alcalde aseguró que el pago de estos servicios se realizó mediante una propuesta de gasto debido a la "urgencia" y que tras el acuerdo en Pleno se realizó el contrato menor “totalmente legal”.
En el mismo sentido ha asegurado que lo que pasa en el Ayuntamiento es "responsabilidad de todos no solo de un concejal". Concejal que en este caso sería Cristoph Strieder que también se sumó a la declaraciones dejando patente que ese pago se realizó para "garantizar un servicio prioritario" y que en ningún caso mostró "preferencia por ninguna empresa como se ha llegado a decir".
La decisión de que este tema termine o no en proceso judicial corresponde a la Fiscalía Provincial mediante la justificación de este movimiento ante el cual ya ha respondido el Ayuntamiento enviándole toda la información al respecto. "Ya se ha informado a la Fiscalía de las medidas tomadas y este tema se resolverá sin problemas para el Ayuntamiento", con estas palabras Strieder volvía a recalcar que la decisión de adquirir dichos urinarios se debió a que era un "problema de primer orden".
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