Los afectados por la gestión de las residencias solicitan que sean los equipos Covid y de Atención Primaria quienes certifiquen los brotes en estos centros

La organización registró el pasado 11 de diciembre, dirigido a las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de las nueve provincias de la Comunidad, un escrito de solicitud para que se revisara el cumplimiento de la normativa.

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La Plataforma de afectados por la gestión de las residencias en Castilla y León solicitó que sean los equipos Covid del Sacyl o los responsables de Atención Primaria de los centros de referencia de las residencias de Castilla y León quienes certifiquen los brotes y les den publicidad a los mismos, cuando “menos a los familiares de los residentes en los centros por vía oficial de las instituciones”, según explicó en un comunicado.

La organización registró el pasado 11 de diciembre, dirigido a las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de las nueve provincias de la Comunidad, un escrito de solicitud para que se revisara el cumplimiento de la normativa existente para los centros residenciales y que una vez revisado “se diera instrucción a los centros que lo incumplan para instaurar un calendario efectivo y sostenido de visitas y salidas en aquellos centros cuya situación epidemiológica lo permita”.

Desde entonces, lamentó la organización que no ha recibido ninguna respuesta, si bien la guía se ha actualizado con fecha 7 de enero y “se sigue incumpliendo en la mayoría de residencias”. En ambas actualizaciones se establecen tanto las salidas de los residentes para acudir a consultas médicas o para pasear como las visitas que se deben garantizar: un visita diaria de una persona de una hora de duración.

En esta última actualización además se especifica que en los centros residenciales con una situación activa de Covid-19 en los que no se permiten ni salidas ni visitas, se incrementarán los contactos con las familias a través de dispositivos electrónicos tanto en frecuencia como en duración.

La plataforma de afectados reúne a personas de toda la Comunidad que han perdido familiares a causa del Covid-19, algo que achacan a la “mala gestión” tanto por parte de las empresas responsables de los centros como de la propia Administración autonómica, que “llegó a denegar la asistencia médica hospitalaria a los enfermos graves de Covid-19 que vivían en las residencias, condenando a muchos a una muerte segura”.

“Nuestros familiares nos necesitan, todos han sufrido mucho ya con esta enfermedad y con los aislamientos impuestos, la precaria salud mental de la que gozan muchos de ellos se está deteriorando cada día y no se va a poder recuperar. No podemos aceptar que cada residencia siga actuando según su propio criterio, que las normas que se establecen en la guía de actuaciones no se cumplan, que cada día sea una lucha con la dirección del centro para conseguir una visita, que se siga confinando a los residentes en sus habitaciones en las residencias con brotes activos, que las residencias no informen a las familias del estado real de las situaciones con documentación oficial, que siga existiendo una opacidad total sobre los datos de fallecidos y enfermos en las residencias privadas, que por desgracia son la mayoría, con el amparo de un informe jurídico, de la confidencialidad de datos y de la mala imagen que supondría para las empresas”, sostuvo en el comunicado.

Por ello, pidieron a las instituciones y a los habitantes de Castilla y León un “ejercicio de empatía”. “Creemos que después de casi un año de pandemia ha llegado el momento de que tanto la Consejería de Sanidad como la de Familia e Igualdad de Oportunidades actúen y lleven a cabo sus funciones de control e inspección en unas residencias que se han convertido en espacios blindados para los residentes y sus familiares y en los que cada día se están vulnerando los derechos más básicos de cualquier ciudadano”, comentó la plataforma.

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