Desde que entró en vigor el contrato de alquiler, el pasado 1 de enero del año 2015, el Ayuntamiento de Zamora ha pagado más de 193.000 euros - 7.500 al mes - por el uso de las instalaciones del Banco de España. De este periodo, durante los primeros 19 meses, ni siquiera hubo obras; a partir de agosto del pasado año, los trabajos se desarrollan de un modo que no favorece precisamente a los intereses municipales. Los retrasos se acumulan casi desde el principio y todo apunta a que continuarán de aquí a que se ejecuten definitivamente.
En ese sentido, cabe destacar que la obra ya permaneció varias semanas parada en otoño por culpa de una supuesta presencia de amianto que, posteriormente, resultó ser falsa. La empresa presentó un informe acerca de la aparición de este componente, que fue rechazado a posteriori por los análisis encargados por el Ayuntamiento. Ahora, tras la prórroga de dos meses - uno de ellos con sanción aparejada - el rechazo de los responsables municipales a conceder un tercero para un modificado del proyecto ha provocado una nueva paralización de los trabajos.
Así las cosas, una obra que debería haber concluido el 11 de febrero para dar inicio al proceso de traslado de la Policía Municipal y del archivo a las dependencias del Banco de España, se prolongará, al menos, hasta el 11 de abril, siempre y cuando la empresa acelere y sea capaz de cumplir los nuevos plazos, un hecho que, vistos los precedentes, está en tela de juicio.
Esta circunstancia supone un perjuicio económico para el Ayuntamiento que, a pesar de las sanciones que puede imponerle a la adjudicataria, no consigue cubrir, ni de lejos, lo que paga por el alquiler del edificio. El contrato, firmado en su día por el anterior equipo de gobierno con Segipsa, fue considerado por el interventor como "leonino y abusivo" y supone una herencia difícil de asumir para los nuevos mandatarios.
No en vano, según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, la sanción que se puede imponer por los retrasos asciende, como máximo, a 0,12 euros diarios por cada 601,01 del precio total de la adjudicación. En este caso, por un contrato de 631.974 euros, la cantidad fijada como multa es de 126,18 euros al día, aproximadamente la mitad de lo que paga el Ayuntamiento en concepto de alquiler.
De este modo, a la institución municipal le urge que las obras concluyan lo más rápido que sea posible para 'rentabilizar' el alquiler a través del uso y disfrute de las instalaciones. De momento, y desde hace casi 800 días, el Banco de España sólo es un agujero por el que se escapan casi 250 euros diarios.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios