Ante esto, prosigue Castro: “cuando pasó más de un año se cruzó la declaración responsable con la declaración de la Renta, donde sí estaban esos ingresos. Por ello, por los requisitos de la propia pensión no contributiva se le pide que devuelvan 7.000 euros. El tutor recurrió al TSJ que ratificó que había cobrado ese dinero de manera indebida”.
Hay que recordar que la Junta de Castilla y León es la encargada de gestionar este tipo de pensiones, pero el pagador es la Tesorería de la Seguridad Social, y precisamente es este ente el que está pidiendo que se devuelvan los 7.000 con la sentencia judicial del TSJ por delante.
“Hemos tenido reuniones con el interesado y con la Asociación, planteándoles que no es la Junta la que está embargando ni la que hace la subasta ni la que tiene que tomar la determinación de embargarle la vivienda. Hay comunicación con la consejería de Familia para que no se le embargue la vivienda al discapacitado que no es el culpable de la tramitación del expediente, que es el tutor, que debería haber puesto al totalidad de ingresos, especialmente los intereses”, aseguraba el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, que con esta afirmación confirmaba que desde la Junta se está mediando para intentar que el dependiente no pierda la vivienda ya que el responsable y el que debería pagar la sanción referida es el tutor, que firmó y solicitó la pensión.
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