El alcalde de Luelmo se sienta en el banquillo por presunta prevaricación en el reparto de bienes comunales

La formación política Podemos, que presentó la denuncia contra el edil Eladio de Pedro, ha analizado el caso minutos antes del juicio

Miguel Ángel Llamas acompañado de Santiago López en la Audiencia Provincial de Zamora
Miguel Ángel Llamas acompañado de Santiago López en la Audiencia Provincial de Zamora

Este miércoles se celebra en la Audiencia Provincial de Zamora el juicio contra el alcalde de Luelmo de Sayago, Eladio de Pedro, del Partido Popular, por un presunto caso de prevaricación administrativa tras conceder el uso de unos pastos a familiares sin estar estos empadronados en el municipio en aquel momento.

Podemos, como la parte denunciante, estará presente en la sala con motivo de la declaración de Miguel Guerra, uno de los portavoces de la formación política en la provincia. Precisamente Guerra, acompañado de Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos en Castilla y León, ha hablado a las puertas de la Audiencia Provincial minutos antes de que comenzara el juicio para abordar el caso.

En el Ayuntamiento de Luelmo existe una ordenanza que versa sobre la obligación de estar empadronado durante al menos dos años en el municipio para tener derecho a usar las tierras comunales. En este caso, el edil concedió los pastos en el año 2019 y la denuncia comenzó a fraguarse en el 2021.

Desde la formación morada, consideran que estas actitudes —además de conllevar un incumplimiento de la ordenanza— fomentan aún más la despoblación de una zona tan afectada como la comarca de Sayago: "No es un tema personal, tampoco tendría la menor importancia. Lo que pasa es que a los nuevos vecinos que han llegado de fuera les hace la vida imposible. Lo que haces es espantar a esos nuevos habitantes", exponía Guerra.

Justamente declararán en el juicio como testigos dos vecinos que tuvieron que esperar dos años tras empadronarse para disfrutar de esas tierras comunales que forman parte del término municipal. Guerra aclaraba que no piden ningún tipo de indemnización, sino que se juzgue un caso de "discriminación con una serie de vecinos".

Por su parte, el coordinador regional de Podemos, Miguel Ángel Llamas, extrapoló esta situación a la Comunidad Autónoma. Bajo su punto de vista, este caso representa "la forma de gobernar" del Partido Popular en Castilla y León: "Se trata de bienes comunales, que son los bienes que pertenecen a todos los vecinos y vecinas. Y vemos cómo se gestionan de manera arbitraria para favorecer a familiares. Por lo tanto, este es un caso paradigmático".

Concluyó la intervención advirtiendo que, desde su partido, "no vamos a pasar ni una" y que están dispuestos a luchar contra la corrupción en todos los frentes en busca del "cambio que Castilla y León necesita".

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