Cerca de 17.000 autónomos de Zamora y más de 193.000 de Castilla y León se beneficiarán del acuerdo alcanzado por el Gobierno con las principales asociaciones del sector para mejorar sus condiciones, lo que les situará en la primera liga de cobertura y prestaciones, como las de paro y enfermedad profesional o accidente de trabajo, pago de cuotas y protección a la maternidad con tarifa plana, con unas nuevas bases de cotización más reales y justas.
Así ha resumido el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, el contenido de la reunión que ha celebrado esta mañana con el presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, y Alba Alonso, en representación de la asociación en Castilla y León, en la que han analizado la repercusión en la provincia de las medidas del acuerdo, plasmadas en el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Generadores de empleo
El subdelegado del Gobierno justificó de entrada las nuevas medidas en la importancia del trabajo que realizan los autónomos, porque es “una pieza fundamental en el mercado laboral, porque genera riqueza y es clave en la creación de empleo”. Añadió que el 85% de los trabajadores por cuenta propia trabaja por la base mínima de cotización, por lo que se considera que hay una infra-cotización que limita los retornos de los que pueden beneficiarse. “Esto tiene su relevancia –dijo Blanco- porque nuestro sistema de Seguridad Social es de reparto y ello provoca peores prestaciones y peores pensiones para este colectivo. Es por lo que el citado Real Decreto-Ley, nacido del acuerdo del Gobierno de España con las asociaciones más representativas de los autónomos, como la UPTA, intentan disminuir la brecha existente entre los trabajadores por cuenta propia y este amplio colectivo”.
17.000 en Zamora
Ángel Blanco manifestó que la provincia de Zamora cuenta a fecha de 31 de enero de 2019 con un total de 16.968 afiliados al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), y más de 193.000 en Castilla y León.
Eduardo Abad, de UPTA, y el subdelegado Ángel Blanco explicaron que “todos estos trabajadores se podrán beneficiar en la provincia de las medidas aprobadas por el Gobierno para mejorar la situación de los autónomos, que prevé, entre otras cuestiones, que tendrán derecho a cobrar el conocido como “paro de los autónomos”, así como a una cobertura por riesgo profesional, una mejora de las prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad o accidente de trabajo, avances en la conciliación y en la protección de las mujeres autónomas ante la maternidad y a la formación continua.
UPTA y la Subdelegación calificaron como “una de las medidas más significativas” del acuerdo el hecho de que el autónomo “se verá beneficiado del cien por cien de la cuota” a partir de 61 días en caso de que se tenga que dar de baja por incapacidad temporal. En este supuesto, no tendrán que hacer frente a la cuota mensual”.
Base mínima de cotización
El acuerdo alcanzado también prevé una subida del 1,25% de la base mínima de cotización este año, hasta los 944,35 euros al mes – 1.214,08 euros en el caso de los autónomos societarios--, de forma que, con un tipo del 30%, la cuota mensual ascenderá a 283,3 euros al mes, 5,36 euros más que en la actualidad –6,89 euros más para los societarios--. Además de por contingencias comunes, los autónomos cotizarán obligatoriamente por las profesionales, cese de actividad y formación y prevención de riesgos laborales.
Ambas partes anunciaron que se contempla “aumentar progresivamente y de forma escalonada” el tipo de cotización durante los próximos cuatro años, de tal forma que se situará en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, en el 30,6% en 2021 y en el 31% en 2022.
“Quedaría pendiente la cotización en base a ingresos reales”, han matizado, pues la subida de bases “es provisional” hasta que la Administración de la Seguridad Social, que ya ha comenzado el cruce de datos fiscales y de recaudación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, presente un documento con datos y diferentes propuestas a las organizaciones representativas, con el objetivo de posibilitar el establecimiento de un sistema de cotizaciones basado en los “ingresos reales”.
Tarifa plana
La Subdelegación del Gobierno y UPTA han explicado que mediante el acuerdo se contempla una tarifa plana en el Régimen Especial de la Seguridad Social para este colectivo (RETA) de 60 euros, que comprende tanto la cobertura por contingencias comunes como por contingencias profesionales.
No obstante, la Administración controlará al final del año si se mantiene el ejercicio de la actividad del trabajador beneficiario de la tarifa plana, que dio lugar a su inclusión en el RETA, manteniendo las bonificaciones establecidasun año más si aquella actividad se mantiene
Mejoras sociales
El pacto entre Gobierno y asociaciones contempla también una “mejora del acceso”, una “flexibilización de las condiciones” y una ampliación de la duración de la prestación por cese de actividad, el equivalente al paro, que pasa de 12 a 24 meses. Esta prestación, como ya anunció el Ministerio de Trabajo, será concedida e informada por una comisión en la que participarán un representante de la mutua, otro de la asociación de autónomos que la solicite y otro representante de la Seguridad Social, y tendrá un criterio que será preceptivo y vinculante.
Además, los autónomos tendrán derecho a percibir la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, así como el derecho a acceder a la formación continua profesional, y a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta no pagarán la cuota de la Seguridad Social.
Finalmente, se refuerza la protección de las mujeres autónomas en materia de conciliación, puesto que dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad (incluidas adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela), podrán obtener una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su actividad