Los cuerpos docentes son un cuerpo funcionarial estatal, es decir, su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel nacional y es idéntico en todas las Comunidades Autónomas, pero, a su vez, están transferidos a las CCAA y sus retribuciones son abonadas por las mismas. En los últimos años, la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, de más de 6.000 euros anuales por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y condiciones. Ello depende de la Comunidad Autónoma en la que se esté trabajando.
Además, el Sindicato de Profesores ANPE denuncia que algunas CCAA tienen una carrera profesional retribuida, mientras que otras no. Se da el caso extraordinario de que haya una comunidad, la nuestra, Castilla y León, que tiene una carrera profesional propia, pero obliga a los docentes que se quieran incorporar a ella a renunciar a las retribuciones propias del complemento de formación permanente (lo cual no sucede en las otras administraciones, siendo este un asunto que ANPE tiene recurrido ante los tribunales).
En unas comunidades se abona el ejercicio de la tutoría (no en la nuestra), los complementos por el ejercicio de cargos directivos como Jefatura de Estudios, por ej, pueden ser muy dispares, o puede haber complementos por dedicación fuera del horario lectivo… Las diferencias pueden ser muy variadas.
ANPE Sindicato de profesores ha comprobado que esta brecha salarial y este trato desigual llega también al profesorado interino, pues en algunas CCAA cobran los mismos complementos que los funcionarios de carrera, como los sexenios, y en otras no. Igualmente, en unas se les abona, con el mismo tiempo de servicios trabajado, el mes de verano y no en otras, lo cual supone una injusticia añadida en la experiencia en los baremos de interinos. Castilla y León, en su momento, para compensar a los interinos a los que por la crisis económica dejaba sin el mes de verano (como establecía el Acuerdo de interinos de 2006), decidió reconocer los dos meses a efectos de experiencia, pero no de retribuciones, sin cotización alguna, con lo que dicha experiencia no puede alegarse fuera de nuestras nueve provincias.
El problema empieza a calar en la sociedad, y recientemente un diario de tirada nacional, “La Razón”, denunciaba las diferencias salariales. Aunque no es fácil calcular los salarios individuales (comunidades como Navarra, por ej., tienen como complemento ayudas familiares…), sin embargo dicho diario ha calculado el salario “medio” (no el del comienzo ni el del final de la carrera) de un profesor de secundaria y en este caso, mientras que en Castilla y León, por ej., el salario bruto es de 2.542 euros, en el País Vasco rondaría los 3.019, en tanto que en Castilla La Mancha (por comparar con una Comunidad vecina) rondaría los 2.700 euros brutos. Según otras fuentes, la diferencia no ya en secundaria, sino en el Cuerpo de Maestros, entre Castilla y León y País Vasco, en el salario de entrada, sería de algo menos de 300 euros brutos.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado la aplicación del Decreto que regula la evaluación de ESO y Bachillerato, en Madrid, pues exige unas mismas condiciones de evaluación y promoción para los alumnos de toda España. Ojalá existiera ese grado de concienciación para los funcionarios docentes, pues a mismo trabajo, debiera ser igual salario. Además se puede dar la circunstancia de que en Comunidades Autónomas donde los sueldos son más altos haya menos horas lectivas, lo cual incide en el agravio comparativo.
Por todo ello, ANPE exige la equiparación salarial docente de manera inmediata, estableciéndose unas estructuras salariales comunes, equiparando las retribuciones básicas y complementarias a las de las CCAA con mejores salarios, reclamando por tanto el acabar así con la desigualdad existente actualmente en los cuerpos docentes en función de la autonomía donde se esté trabajando.
El asunto es especialmente urgente y necesario en Castilla y León, sobre todo atendiendo a las declaraciones de los políticos de nuestra Comunidad, que si por una parte felicitan a los docentes por su trabajo (especialmente en tiempos de pandemia), y por haber colocado al alumnado castellano-leonés en la parte más alta de la tabla del informe PISA a nivel nacional, luego no hacen lo propio cuando toca hablar de las retribuciones del funcionariado que es “responsable” en gran medida, según el Sindicato ANPE, del éxito educativo de nuestra comunidad.
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