El anteproyecto de ley de apoyos de las personas con discapacidad apuesta por una atención integral durante todo el ciclo vital

El servicio de apoyo pasa de un enfoque centrado en la intervención profesional hacia otro donde prima "lo que es importante y da sentido a su vida"

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El anteproyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León apuesta por una atención desde edades tempranas, centrada en la persona desde una perspectiva integral, a lo largo de todo su ciclo vital para cubrir así sus necesidades, expectativas y preferencias. Además, se hace hincapié en los itinerarios vitales con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención así como en "promover" el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y favorecer que el colectivo logre adquirir el mayor grado de independencia posible. 

La futura ley, que consta de 24 artículos distribuidos en tres títulos, establece como "eje vertebrador" de las ayudas a las personas con discapacidad el servicio de apoyo para la activación del proyecto de vida. En concreto, es la prestación "esencial" dirigida a ofrecer acompañamiento técnico a las personas con discapacidad que, por dificultades de carácter funcional o psicosocial, precisen de apoyos para promover su autonomía personal, su participación social y el desarrollo de su proyecto de vida. 

En concreto y según recoge la Agencia Ical, se busca garantizar, como derecho subjetivo, tres los principales tránsitos del ciclo vital de las personas con discapacidad como son la atención temprana durante la primera infancia; los apoyos durante la etapa y el derecho a la atención en centro de día con el objeto de garantizar el proceso de la participación comunitaria, la integración social y laboral (con itinerarios personalizados de inclusión) y el envejecimiento activo del colectivo. En la línea del nuevo concepto de Servicios Sociales en la Comunidad, que ya se aplica en las personas mayores, se busca la permanencia de la persona con discapacidad en su entorno con el apoyo de servicios de proximidad, el uso de centros multiservicios, la utilización de ayudas técnicas y otros apoyos de carácter tecnológico que promuevan la autonomía pesonal y la vida independiente. 

Por último, en los casos en que falta la familia de la persona con discapacidad, se contempla la prioridad para acceder a las prestaciones esenciales, recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León. En concreto, se citan las situaciones por imposibilidad de asistencia o ayuda por terceros lo que hará preciso la intervención de recursos externos de atención. 

Y es que deja claro que la administración deberá facilitar, en cada etapa del ciclo vital de las personas con discapacidad, las prestaciones sociales para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Hasta el punto que precisa que la prestación "esencial" del servicio de apoyo es el "auténtico" cambio de paradigma en la atención profesional. En este sentido, el texto incide en que se pasa de un enfoque centrado en la intervención profesional hacia otro donde prima el proyecto de de vida de las personas con discapacidad, "basado en lo que es importante y da sentido a su vida". Para ello, destaca que es necesario una coordinación interadministrativa "eficiente" (servicios sociales, sanitarios, educativos, acceso a la vivienda y empleo) y contar con la participación de las entidades del tercer sector de la Comunidad. 

De cara a faciltar la vida autónoma y participativa en la comunidad, la Junta destaca el servicio de asistencia personal. Un profesional que prevé apoyos en tareas personales y del hogar, en la movilidad, en la comunicación y relación con el entorno, acompañamiento social así como coordinación, asesoramiento y apoyo en la toma de decisiones. También se contempla el servicio de apoyo familiar para los cuidadores, de cara a la promoción de la autonomía personal.

El anteproyecto también incluye un capítulo con actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia de género y de la explotación y malos tratos hacia las personas con discapacidad. 

Además, la nueva norma estará muy vinculada a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que se aprobó en 2013 como "garante" del colectivo y para mejorar su calidad de vida, promover su autonomía personal y posibilitar su "efectiva" igualdad de oportunidades. También aparece relacionada con la Ley de Servicios Sociales, que contempla la atención personalizada y la individualización de la intervención, mientras sea necesario.

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