Plena Inclusión celebra que el aumento de plazas para personas con discapacidad intelectual en la última convocatoria de empleo público de la Administración General del Estado (AGE), con 555 nuevas de promoción interna para estas personas, pero reclama una "mejor" adaptación del proceso.
La confederación, que reúne a 950 asociaciones de toda España, ha ha subrayado que en la nueva convocatoria la AGE respeta su compromiso de reservar el 2% de las plazas para personas con discapacidad, pero avisa de que aún hacen falta facilitar los apoyos necesarios para estar personas de cara a las pruebas.
De hecho, Plena Inclusión ha tenido que adaptar a lectura fácil una parte del temario con el fin de facilitar el estudio a las personas opositoras, según ha informado en un comunicado.
Por ello, ha reclamado, para las convocatoria de oposiciones a empleo público, una mayor accesibilidad que pasa por una serie de reivindicaciones que espera que sean recogidas en la próxima reforma de la Ley de Función Pública.
Entre ellas, la confederación ha destacado la necesidad de "aumentar el número categorías profesionales, en la función pública, a las que pueden optar las personas con discapacidad intelectual", ya que de momento solo tienen derecho a presentarse a la de Tareas Complementarias de Apoyo.
"Garantizar para estas personas procesos adaptados de promoción interna con exámenes específicos y temario en lectura fácil" y una "formación permanente y apoyos suficientes para la adaptación a los puestos a los que acceden tras aprobar las oposiciones" son otras de las reivindicaciones de Plena Inclusión.
Por otro lado, ha advertido de que las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones "tampoco están realizando todas las adaptaciones que las personas con discapacidad intelectual necesitan y que sí están contempladas en las convocatorias específicas en acceso libre para personas con discapacidad intelectual".
Según datos del INE de 2021, recogidos por la organización, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual era de un 27,5%, un 7% más baja que la media registrada para las personas con discapacidad y un 50% inferior a la de la población sin discapacidad.
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