El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, ha aprobado el Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e Institucional de Castilla y León, requisito obligatorio para las entidades que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
De esta manera, el plan permitirá a la Junta de Castilla y León garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables.
Así, se apoya en cuatro grandes áreas vinculadas a los diferentes aspectos de la lucha contra el fraude y la corrupción: prevención, detección, corrección y persecución. Asimismo, contempla el procedimiento a seguir para el tratamiento de los posibles conflictos de interés.
El Plan se aplicará a toda la Administración autonómica, al tiempo que podrá ser adaptado por las consejerías y/o centros directivos acorde a su estructura y organización.
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