Aspirantes a presentarse a la evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía, prueba que convoca el Ministerio de Justicia y que quedó suspendida por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, exigen que se garantice su realización en los próximos meses o bien que se adopten medidas para que puedan ejercer la profesión de abogados aun no habiendo realizado ese examen de aptitud.
Estos más de 6.000 aspirantes han comenzado a organizarse a través de redes sociales como Facebook, donde se ha creado un grupo de 'Afectados del examen de acceso a la abogacía 2020' que cuenta ya con más de 500 miembros. Esta prueba es obligatoria para todos los estudiantes de Derecho que han realizado el Máster en Abogacía y quieren colegiarse para ejercer.
"Siendo conscientes de esta situación de emergencia sanitaria y conscientes de que es la prioridad principal, es necesario que al menos desde el Ministerio de Justicia se anuncien medidas acerca de dicha prueba bien garantizando su realización en los meses próximos, si la situación lo permite, o bien adoptando otro tipo de medidas que permitan a más de los 6000 aspirantes poder ejercer la profesión de abogado", señala uno de los afectados consultados por Europa Press.
Lamentan que desde que se suspendiera la prueba el 10 de marzo, estaba planificada para el 28 de ese mes, no han recibido ningún tipo de respuesta desde el departamento que dirige Juan Carlos Campo, y añaden que sin esa prueba su desarrollo profesional "se verían aun más perjudicado por la crisis que conllevará la emergencia sanitaria".
En la resolución adoptada por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia se exponía que tan pronto como las autoridades sanitarias lo autoricen, se procedería a fijar una nueva fecha de realización de la prueba, y que se publicaría en la página web del Ministerio de Justicia la nueva fecha con al menos tres semanas de antelación a su fecha de celebración.
Pero ante la sucesión de prórrogas del estado de alarma, los aspirantes se están coordinando para hacer frente a su situación de parálisis y han comenzado a redactar escritos que procederán a presentar por ejemplo en los diferentes colegios de abogados de las distintas comunidades autónomas.
UN ESCRITO PARA FORZAR UNA SOLUCIÓN
De hecho, en uno de esos documentos que pretender presentar de forma individual destacan que ante una medida temporal que parece que ha pasado a convertirse en "permanente" supone una amenaza que puede "destruir nuestro Estado de Derecho" ya que les deja desamparados al privarles de su derecho constitucional al trabajo tras el fin de las medidas.
"La suspensión sin fecha del examen de acceso a la abogacía se ha realizado sin valorar otras opciones, sin tener en cuenta a los afectados y sin el apoyo de los Colegios de Abogados, todo ello, vulnerando derechos fundamentales", señalan en uno de esos documentos tipo, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, recuerdan que tras la crisis sanitaria "será necesaria la actuación de todos los profesionales disponibles para poder garantizar a los ciudadanos la suficiente protección de sus derechos, así como garantizar a su vez, la libertad de estos de poder ser representados y defendidos por aquellos profesionales de su confianza".
VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Opinan que en caso de que los más de 6.000 aspirantes no pueda ejercer su profesión puede darse una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Por eso, inciden en la necesidad de que esta prueba de aptitud complementaria "se pueda realizar de forma excepcional, por motivo de la crisis sanitaria, en un momento posterior o incluso no ser necesario hacerla". También proponen realizarla por vía telemática.
Exigen así que si no se puede hacer el examen, deben ser exonerados del mismo, o bien que se adopte otra medida como por ejemplo que se permita el ejercicio de la abogacía y que se haga "una declaración jurada junto con el compromiso de pasar la prueba en el momento que sea esta posible".
Otra opción que barajan es ejercer "bajo las directrices y atenta observación que marquen al respecto ante este problema excepcional los Colegios de Abogados como garantes de la profesión", y por supuesto con el "respeto en todo momento de las normas deontológicas".
Como en anteriores convocatorias de esta prueba, debido a la alta participación, se habían establecido ocho sedes de examen: la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona; el Aulario VI de la Universitat de València (Campus de Blasco Ibáñez); la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el Aulario de la Merced de la Universidad de Murcia; la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de la Laguna (Campus de Guajara, Tenerife); la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Bilbao) y la Academia Galega de Seguridade Pública (en el municipio pontevedrés de A Estrada).