Según la Asociación de Ciencias Ambientales, el 17 por ciento de los hogares españoles dedica un gasto desproporcionado de sus ingresos al pago de las facturas de la energía y el 9% se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
La situación es más preocupante en el caso de las familias atendidas por Cruz Roja. Según el último boletín sobre la vulnerabilidad social, cuatro de cada diez de los hogares no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. Y, del 22% de las personas atendidas que señalan problemas para sufragar gastos de la vivienda, casi la mitad señala no poder pagar el alquiler, y otro 15% no hace frente al pago de la hipoteca desde hace algún tiempo.
Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia confirman esta situación de pobreza energética, pues el año pasado aumentaron los cortes de luz en hogares por impago de la factura. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la mayoría de los usuarios no solo se ven perjudicados por la interrupción del servicio, sino que se ven despojados de necesidades básicas igual o más importantes.
Por este motivo, reclama transparencia en la información sobre los cortes de suministros sin importar quienes sean los que lo ejecuten (compañías distribuidoras o comercializadoras), medidas extras para luchar contra la pobreza energética y una definición del consumidor vulnerable.
También la creación de una tarifa social que asegure la protección de personas en situaciones inestables y que el bono social sea una auténtica tarifa social, pues “ahora deja fuera a muchos hogares que no cumplen ninguno de sus requisitos y que a pesar de ello, encuentran muy difícil pagar la factura mensual de la luz”.
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