El Ayuntamiento de Zamora denunció, el pasado viernes, en el juzgado de guardia, al interventor municipal, Javier López Parada, tras dos informes de la Policía Judicial emitidos los pasados 23 de agosto y el 28 de septiembre por la UDEV por realizar consultas y descargas de expedientes relacionados con el Caso RAGA sin que se encuentren motivos laborales para lllevarlos a cabo. Este mismo viernes también han trasladado a la Junta de Castilla y León esta situación por si pudiera ser constituyente de falta grave.
El consistorio local ha denunciado al interventor municipal por cuatro motivos esenciales que se ven reflejados en las conclusiones que la UDEV de la POlicía Judicial ha explicado en sus informes. El primero de estos hechos es que en el informe del 23 de agosto ya se establece una relación entre Alberto Vega, jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, y Javier López Parada en cuyas conversaciones puede concluírse un posible asesoramiento en el expediente disciplinario aberto por el Ayuntamiento de Zamora. Además, existía ya una denuncia de la viceinterventora por "consumo de combustible para uso privado".
El segundo hecho que ha motivado la denuncia es que existe esa denuncia de la viceinterventora el 21 de octubre de 2020 al advertir "actuaciones que pudieran dificultar las labores de búsqueda de pruebas encomendadas por la Policía Judicial". La denuncia puso de manifiesto las "obstrucciones continuas y permanentes que a su juicio está sufriendo por el interventor" tal y como señaló el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que se exponía en el informe de la Policía Judicial.
En el informe se acredita una relación entre Alberto vega y el interventor con asesoramiento del interventor al investigado y con posible "prevalimiento" de su condición con apariencia de querer desactivar la denuncia de la viceinterventora. Javier López Parada concluye el control financiero del consumo de combustible de parques y jardines, muchos meses después del anterior, tratando de "desactivar la denuncia de la interventora" concluyendo que no puede imputarse a personas concretas el consumo de combustible en el Servicio de Parques y Jardines cuando la viceinterventora concluye todo lo contrario con pruebas suficientes. Por este motivo, esta relación podría llegar a calificarse como "presunto encubrimiento de hechos delictivos" señaló Guarido.
A ello se añade el informe de auditoría interna efectuada por el Ayuntamiento en el que López Parada podría haber estado pasando información privilegiada de las gestiones que se estaban llevando a cabo por la propia UDEV sin que se encuentre "motivo alguno, máxime encontrándose de baja médica". Esta auditoría rastreó las consultas, descargas y empaquetados (archivos que después de ser descargados son comprimidos para poder ser guardados o enviados) que López Parada realizó durante su baja médica.
Y es que López Parada accedió en "numerosas ocasiones" a los expedientes del investigado Alberto vega y del Grupo RAGA con la consiguiente consulta, descarga y empaquetado de expedientes muy significativos donde se encuentran los informes requeridos por la UDEV y las contestaciones del Ayuntaminto de Zamora. Guarido quiso precisar que todas estas denuncias se incluyen en un único expediente municipal siendo ese expediente una documentación muy sensible que se amntiene en estricto acceso reservado a la Secretaría Municipal y ahí entró el interventor en "numerosísimas ocasiones" estando de baja laboral. Esto podría haber llevado a que los denunciados, entre lo que se encuentra Alberto Vega, a poder preparar su defensa incluso antes de la detención.Por último, en el informe policial del 28 de septiembre, la Policía Judicial refiere declaraciones de varios testigos del servicio de Parques y Jardines quienes constatan que la licitación del servicio de Parques y Jardines pudiera estar retrasándose por varias actuaciones de ambos (Alberto Vega y López Parada).
Además, la UDEV concluye que os contratos menores que el Jefe de Parques y jardines adjudicaba a la empresa RAGA podían estarse llevando a cabo con el material y los trabajadores de la contrata de parques y jardines siendo esta la cuantía mayor de estos contratos menores.
Cuando el Ayuntamiento pudo comprobar que el interventor entraba en estos expedientes, se le dio de baja en el Programa Gestiona, impidiendo que el interventor pudiera entrar en estos expedientes.
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