Desde la Asociación de Vecinos de San José Obrero se sostenía en las últimas horas que el barrio estaba exento de pagar esa cuantía al tratarse de un espacio de utilidad pública; pero esta mañana, Rosa Valdeón ha desmontado ese argumento.
La alcaldesa de la capital ha explicado así la situación: “La emisión de recibos del IBI a la Asociación tiene su origen en la solicitud que la nueva directiva formuló al catastro en el año 2012 para que los bienes dejasen de estar catastralmente a nombre del Ayuntamiento para figurar el nombre de la asociación. Ese cambio en la titularidad catastral es lo que determina que comiencen a girarse los recibos a partir de ese año y que se reclamen las cantidad que legalmente no han prescrito”.
En este sentido, Valdeón añade: “El cambio de titularidad catastral se solicitó a pesar de las advertencias municipales de que ese hecho conllevaba el pago de obligaciones tributarias. Frente a ello, la asociación sostuvo que su declaración de utilidad pública la eximía de tal obligación. La cuestión es que no ha sido hasta el pasado jueves, y de forma verbal, cuando la asociación de vecinos ha pedido esa declaración y no antes, como se le había insistido desde el Ayuntamiento, ya que se trata de una zona que había perdido su titularidad pública en el año 2003”.
Pese a que el Ayuntamiento cree estar en posesión de la razón, la alcaldesa Rosa Valdeón ha tendido una mano al diálogo y a la posibilidad de solucionar el tema. Eso sí, la solución la supedita a un tema claro: “que la asociación de San José Obrero aclare la situación de la deuda que mantiene con otras empresas y particulares para que exista una seguridad plena de que si se llega a un acuerdo satisfactorio sean los vecinos los que disfruten de las instalaciones y no pasen a manos privadas”.
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