La sentencia tiene que ver con las ayudas que recibió el Ayuntamiento en el año 2000 a través de los fondos europeos FEDER para proyectos destinados a la recuperación integral del boque de Valorio por valor de 1.261.248 euros, y actuaciones en las laderas de la calle Villalpando y Carrascal por valor de 383.828 euros.
Como se recordará, el actual alcalde, Francisco Guarido, en ese momento concejal en la oposición, denunció a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) irregularidades en la ejecución en una de esas obras, las de Valorio. El resultado de dicha denuncia fue la estimación total por parte de la OLAF de las irregularidades y "descertificación total de la ayuda FEDER concedida para el proyecto de Valorio" por valor de 1.261.248 euros" (conocido como el caso de los "conejos de Valorio").
Para ello el Ministerio de Hacienda, a la vista del informe de la OLAF, y como primera medida para que el Ayuntamiento devolviera el dinero, hizo la siguiente operación: El Ayuntamiento debía devolver la totalidad de la subvención FEDER cuantificada en 1.261.248€. Pero como aún faltaba por ingresar lo relativo a Calle Villalpando y Carrascal, que era un proyecto totalmente diferente, restó de esa cantidad 383.828 euros , y por lo tanto la cantidad que reclamó el Estado al Ayuntamiento de Zamora fue de 877.420 euros. Todo ello ocurrió en la época de Antonio Vázquez.
El actual alcalde nunca denunció nada sobre las laderas de la calle Villalpando y Carrascal y obró de manera correcta y acertada en su denuncia sobre la actuación sobre la obra de Valorio, de lo que se dio cumplida cuenta en los medios de comunicación.
Más adelante, en la época de Rosa Valdeón se inicia un periplo judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar no devolver la cantidad de 877.420 euros. El resultado fue que los expedientes administrativos en el Ministerio de Hacienda caducaron y la resolución del TSJ de Madrid, en el año 2014, fue que "el expediente de reintegro debía archivarse por caducidad de todo el expediente".
En definitiva, una denuncia correcta y solvente en aquel momento, unida a un retraso en todo el papeleo por parte del Estado supuso un golpe de suerte para el Ayuntamiento, que se liberó de devolver 877.420 euros por caducidad del expediente por falta de agilidad del Estado.
Tras todo esto, en septiembre de 2015, con el actual alcalde, se inició un proceso contra el Ministerio de Hacienda para reclamar los 383.828 euros que unilateralmente había retenido el Estado y que no formaban parte de la obra de Valorio, sino que pertenecían a una actuación diferente que nadie denunció, que se ejecutó y se pagó. Eran dos subvenciones separadas, por un lado la "recuperación integral del bosque de Valorio" y por otro la "actuación medioambiental en laderas de la calle Villalpando y Carrascal".
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 29 de marzo de 2019 dio la razón a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y condenó al Ministerio de Hacienda al pago de 383.828 euros más los intereses. El Ministerio ha ingresado hace unos días la cantidad principal, ahora el Ayuntamiento reclamará los intereses que ascienden a algo más de 100.000 euros.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios