Antes de la comparecencia programada este lunes frente a la Climatizada para criticar el nuevo convenio de cursos de ocio en las piscinas, el viceportavoz del Partido Popular, José Luis González Prada, bromeaba ante los medios sobre la posibilidad de dar la rueda de prensa en bañador y en chanclas dentro de la propia instalación. No sería de extrañar que ese chascarrillo se convirtiera en realidad, dada la asiduidad con la que el asunto de las zonas de baño sale a la palestra en el debate municipal.

En esta ocasión, la 'guerra' que mantienen el grupo popular y el equipo de gobierno ha llegado al hilo de un asunto que Guarido y los suyos han tratado de regularizar a través de un convenio con la Federación de Castilla y León de Natación, que será quien preste el servicio a partir de ahora. A la oposición no le ha parecido bien la forma de hacer las cosas del alcalde y tanto San Damián como el propio González Prada le han afeado al primer edil la ausencia de un proceso de licitación con publicidad.

El caso es que, hasta la fecha, Eulen prestaba el servicio en virtud a un contrato firmado en el año 2000 y caducado hace al menos doce años, una situación irregular que acabará con este acuerdo. Además, según el alcalde, los once trabajadores vinculados a la empresa mantendrán su puesto de trabajo, podrían ver aumentado su salario y todo ello con un beneficio "infinitamente superior" al actual para las arcas municipales, por aquello de que la federación es una entidad sin ánimo de lucro y no puede tener beneficios.

La visión de los populares es diferente, pues entienden, sin entrar a valorar el asunto de la caducidad del contrato, que el convenio no aclara si los trabajadores seguirán en su puesto. A la oposición no le vale el compromiso verbal y exige que el asunto se ponga por escrito. Esa desconfianza se hace extensible al posible beneficio económico. La ausencia de un canon fijo como el que Eulen abonaba hasta el momento no termina de convencer a San Damián y los suyos.

Toda esta polémica se suma a la que ya se produjo hace más de un año con el cruce de reproches ante el retraso en la apertura de las piscinas de verano o el de las obras en las calderas antes de que estas se incendiaran y terminaran por posponer también el inicio de la campaña de invierno. Tampoco ha habido paz en el proceso de licitación de las instalaciones, ante la premura reclamada por la oposición y los contraataques del equipo de gobierno, cansado de repetir que la caducidad de los acuerdos iba ya para siete años.

De hecho, el único acuerdo que se ha podido sellar entre el gobierno de izquierdas y el Partido Popular se ha producido en un convenio bilateral entre Ayuntamiento y Diputación, un acuerdo mediante el cual la capital podrá gestionar la piscina del Tránsito a cambio de acometer y pagar las mejoras de las que precisa la instalación.

 


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