La plantilla de personal docente e investigador de las universidades públicas (102.297 personas en el curso 2016-2017) arrastra un déficit de 1.610 personas respecto a 2011, cuando comenzaron los recortes. Por el contrario, la plantilla de las universidades privadas ha aumentado en 4.406 personas.
Según un análisis de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a partir de la última estadística oficial (“Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2018-2019”), esto supone que a lo largo de los últimos seis años académicos se ha perdido más de un profesor cada día lectivo en las universidades públicas, mientras que las privadas han ganado cuatro.
Estas cifras nos dan una idea muy gráfica de la falta de apoyo por parte de las autoridades españolas a un ámbito fundamental en el ámbito del conocimiento, la investigación y el cambio de modelo productivo al que supuestamente debería aspirar España a lo largo de los próximos años.
Por otra parte, las plantillas de nuestras universidades cada vez están más envejecidas, con un cuerpo docente universitario que supera los 54 años de media. De hecho, en muchas universidades (UNED, Salamanca, Santiago de Compostela, Politécnica de Madrid, Granada) casi una cuarta parte de su plantilla está próxima a su jubilación.
PROFESORES ASOCIADOS A 400 EUROS
Pero es que además, casi una cuarta parte del personal docente de las universidades españolas pertenece a la categoría de los profesores asociados, por lo general, personas que desarrollan una actividad profesional fuera del centro de estudios, tienen un trabajo externo a la Universidad e invierten algunas horas en la docencia, a través de un contrato temporal y dedicación a tiempo parcial.
Los profesores asociados se trata de la categoría más precaria de los contratos que se producen en nuestras universidades (personas que cobran unos 400 euros al mes por dar clase unas horas aunque cada vez se les incluyen nuevas actividades docentes como tutorías, seguimiento Trabajos Fin de Grado, clases en Másteres, etc.) y que ante el incremento producido durante los últimos años (son ya 22.871 y suponen el 43,3 por ciento de los contratos), el Ministerio ha decidido publicar este año las cifras, por primera vez desde que hay estadística. Su número total se ha disparado significativamente en muchas universidades de Cataluña, Valencia, Murcia y Madrid.
Tal y como ha comprobado CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, a lo largo de los últimos seis años académicos, las universidades públicas han perdido 5.719 profesores funcionarios, mientras que el número de contratados aumenta en 4.109. De hecho, los contratados suponen ya el 52 por ciento de la plantilla, frente al tope del 49 por ciento que marca la ley de Universidades.
Con estos datos, resulta evidente que la universidad pública se está desmantelando y que se hacen necesarias medidas que incrementen, renueven y estabilicen las plantillas de profesores universitarios.
Se trata de una mano de obra barata -conviene destacar, sin embargo, que el 39% de estos profesores son Doctores- que han utilizado las universidades durante la crisis pero que exige soluciones inmediatas a una precariedad inadmisible e insostenible. El Ministerio debe adoptar medidas para corregir esta situación y buscar soluciones urgentes a la problemática del Profesor Asociado en cualquier universidad pública vía Real Decreto o Estatuto del PDI.
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