Una de cada diez personas con discapacidad no puede pagar la factura de la luz

La organización reclama medidas integrales y permanentes para luchar contra la pobreza energética

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Una lámpara refleja el importe de una factura de la luz
Una lámpara refleja el importe de una factura de la luz

La Confederación de Personas con discapacidad física y orgánica (Cocemfe) de Castilla y León ha puesto en marcha la campaña #DiscapacidadConLuz para poner de manifiesto la elevada factura de la luz a que tienen que enfrentarse las personas con discapacidad y que acentúa su situación de pobreza energética, así como reclamar medidas que les permitan llevar a cabo una vida digna. No en vano, denunció que el once por ciento de las personas con discapacidad no puede pagar la factura de la luz y para el 70 por ciento supone una parte excesiva de sus ingresos.

Una consulta elaborada por la Cocemfe nacional entre su grupo social ha evidenciado que el 79 por ciento de las personas consultadas ha tenido que alterar sus hábitos de consumo eléctrico para ajustarse a las horas en las que el precio es más económico, opción que no está al alcance de todo el mundo.

Un comunicado de la Confederación subrayó que hay personas con discapacidad que, por su situación, están obligadas a hacer uso continuo de la electricidad, superando con creces las ya elevadas facturas de la luz que tienen que pagar la población sin discapacidad. Precisó que las personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente como, por ejemplo, los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.

De ahí que la organización solicite medidas permanentes e integrales que permitan a las personas con discapacidad más vulnerables y a sus familias llevar una vida digna. “Estamos hablando de un impacto brutal y desde las administraciones públicas se tiene que garantizar que ninguna persona con discapacidad ni ninguna entidad que se dedica a la atención de las personas con discapacidad se enfrenten a la imposibilidad de asumir este gasto”, señaló el presidente nacional de Cocemfe, Anxo Queiruga.

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