El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy que la “gran prioridad” de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 tiene que seguir siendo el “refuerzo” de la lucha contra la pandemia y rechazó las subidas de impuestos de las enmiendas de la oposición por ir en contra de una situación económica y social “difícil”.
Fernández Carriedo compareció ante el pleno de las Cortes para solicitar el apoyo de la Cámara para las nuevas cuentas, que tienen un montante de 12.291 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la Comunidad al crecer un 13,19 por ciento, y la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
En ese sentido, además de la lucha contra la pandemia, el objetivo de las cuentas es cumplir el Pacto para la Recuperación Económica, el empleo y la Cohesión social en Castilla y León y continuar con el desarrollo del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos.
“Un presupuesto realista, prudente, responsable, social, y volcado con las familias, pymes y autónomos. Un presupuesto que apoya a las corporaciones locales, a los sectores productivos y a la generación de empleo. Un presupuesto participativo y comprometido con el medio rural”, resumió Fernández Carriedo.
El consejero insistió en que son unas cuentas “realistas”, basadas en unas previsiones “responsables” y “prudentes”, puesto que recordó que las previsiones más recientes confirman a su juicio la tendencia del escenario macroeconómico, con una recesión en 2020, un crecimiento este año insuficiente para recuperar lo perdido y una destrucción "muy significativa" de empleo, que situará la tasa de paro en niveles próximos al 14 por ciento.
El consejero recordó que los ingresos correspondientes a los recursos sujetos a liquidación del sistema (6.758 millones) no cubren las necesidades presupuestadas para las tres consejerías sociales (7.806 millones), quedando 1.047 millones sin financiar. Por ello, criticó que se retrase la reforma del modelo de financiación autonómica. También, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, destacó que se mantiene un nivel de endeudamiento “razonable”.
Además, cuestionó el reparto de los fondos REACT UE, que otorgan 335 millones a Castilla y León, y denunció que el Gobierno ha adoptado unos criterios de distribución que han perjudicado a aquellos territorios que más están, a su juicio, acertando en las políticas para combatir la recesión. “Si con este nuevo criterio de distribución la media de España es de 213 euros por habitante ajustado, resulta que por cada castellano y leonés apenas recibiremos 128 euros”, añadió.
En cuanto a los impuestos, destacó que no se suben a las familias, pymes y los autónomos, a la vez que, con carácter general, se congelan las tasas. Además, se añaden nuevo tipo reducido en el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados, que rebaja en un 25 por ciento el gravamen de las adquisiciones de inmuebles en zonas rurales que se destinen a sede empresarial y una bonificación del 95 por ciento en la tasa ganadera de servicios veterinarios. El total de beneficios fiscales de carácter tributario asciende a 366,37 millones, que se estima beneficiarán a 155.478 contribuyentes.
También reiteró que son unas cuentas “eminentemente sociales”, en las que las consejerías que garantizan la prestación de los servicios sanitarios, de la educación y del sistema de servicios sociales van a disponer el 80 por ciento del gasto no financiero del Presupuesto. El esfuerzo conjunto en estos departamentos supone un 13,56 por ciento en términos de PIB: 7,58 por ciento en Sanidad, 4,1 por ciento en Educación y 1,88 por ciento en Familia e Igualdad de Oportunidades.
Finalmente, el consejero remarcó que se reducen en 40 millones las obligaciones por gastos e intereses derivados de las emisiones de Deuda Pública, y de los préstamos a largo plazo. Todo ello, remarcó permite también una apuesta por las inversiones, lo que entre otras cosas, permite poner a disposición de las empresas incentivos por importe de 123 millones en ayudas directas, y 32 millones adicionales en ayudas financieras.
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