En las últimas encuestas realizadas, casi nueve de cada diez ciudadanos piden cambios en la Carta Magna. Las principales demandas de los españoles se refieren a las funciones de las Cámaras, al ordenamiento del Poder Judicial, a la organización territorial y a la participación de la ciudadanía.
Hasta la fecha, la Constitución en alguno de sus artículos ha sido reformada en dos ocasiones. La primera fue en 1992, cuando se modificó el apartado dos del artículo 13 debido a un enfrentamiento con otro tras la firma del Tratado de Maastrich referido al sufragio pasivo para que ciudadanos de otros países pudieran presentarse a las elecciones municipales.
La segunda reforma es más reciente y sonada. Tuvo lugar en 2011 y como concepto de fondo se encontraba la estabilidad presupuestaria para que el primer pago del Estado, en caso de ser necesario, fuera para la deuda pública adquirida, modificación esta muy polémica.
Los estudios realizados por diversos institutos de opinión, universidades y el Centro de Investigaciones Sociológicas muestran una amplia demanda una puesta al día del texto. Por el contrario, poco más de uno de cada diez de los participantes en estas encuestas cree que la constitución no debe cambiarse, sino que debe hacerse cumplir y conocerse mejor. Incluso se propone que haya asignaturas específicas para un mejor conocimiento de la Carta Magna.
Otro aspecto importante a reformar en la Constitución hace referencia al Senado. Algunos creen que debe delimitarse mejor sus funciones, mientras que otros quieren fusionarlo con el Congreso o simplemente eliminarlo. También un tercio de participantes hace referencia al título VIII de la Constitución, la organización territorial del Estado.
Finalmente, una buena parte de respuestas hace referencia al ámbito de la Justicia. En concreto, se demanda una mejor organización y delimitación del poder judicial, y no solo eso, sino que se llega a reclamar una mayor separación de los tres poderes. Una propuesta muy concreta aboga por la eliminación del Tribunal Constitucional y que sus competencias pasen a una sala en el Tribunal Supremo.