El “Caso Caja España” sacude la política regional

A mes y medio de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, el mundo de la política en la región sufría en las últimas horas un golpe importante. Y es que según informaba este pasado jueves el Diario de Valladolid-El Mundo, el Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha imputado a la totalidad de los miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España-Duero en 2009. Una imputación que se encuentra dentro de la investigación para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad, por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras.

En concreto, esta concesión de créditos supuestamente irregulares se centra en la persona del presidente del consejo Santos Llamas. Según la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, sólo en 2007 Llamas llegó a obtener cinco préstamos a empresas vinculadas por 17,6 millones, un préstamo hipotecario a empresa vinculada por 15,2 millones, así como ampliaciones de préstamos de hasta 5,1 millones. En total, IU cifró en su denuncia en 70 millones las operaciones relacionadas con Llamas.

Ante esto, los encausados asumen posibles penas de entre 4 y 6 años de cárcel y multas de “tanto al triplo del beneficio obtenido” con las supuestas operaciones irregulares. Pero al margen de las posibles penas, otro de los puntos que resulta clave a un mes y medio de las elecciones es saber si los imputados serán eliminados de las listas en las que concurren a los comicios. 

Desde el Partido Socialista, Luis Tudanca ya prometió que no habría ningún imputado en sus listas por lo que se espera una revisión de listas y una toma de medidas que puede desembocar en la retirada de cualquier persona que pudiera resultar afectada por el caso. Por su parte, desde el Partido Popular a nivel autonómico se muestran más cautos y aseguran que de momento estos miembros del Consejo de Administración no están imputados y lo que hay encima de la mesa es simplemente la citación de un juez. De esta forma, inciden en la presunción de inocencia en una causa que está en fase de toma de declaraciones.

Hay que apuntar que la juez cita a los entonces consejeros Miguel Ángel Álvarez (UGT), Artemio Domínguez González (PP), Bernardo Fernández Álvarez (UPL), Francisco Javier Fernández Álvarez (PSOE), Alfredo Fernández Salvadores (CSICA), Juan Elicio Fierro Vidal (PP), Marcos García González, Francisco Javier García Prieto (PP), Zenón Jiménez Ridruejo Ayuso, Fernández Martínez Maillo (PP), Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez Diez (PSOE), María Olga Palacio García (PSOE) y José Antonio Turrado (Asaja).

Todos ellos formaron parte del consejo de administración celebrado el día 8 de enero de 2009 y comenzarán a prestar declaración a partir del 25 de mayo. En este sentido, el diario digital leonoticias.com reproducía en las últimas horas una conversación con dos miembros de este consejo, que aseguraban: “En la reunión, como en otras tantas, las cosas se hacían rápido, muy rápido. Realmente de todos los que estábamos allí dudo que nadie tuviera los conocimientos económicos necesarios como para evaluar cualquier operación que fuera de interés para la entidad. De ahí que se optara siempre por la línea de prudencia. Si la operación tenía el visto bueno del comité ejecutivo, del comité de dirección y había una evaluación de riesgos positiva, aprobaba la operación. Si había reparos, no había aprobación". En el caso de las renovaciones de pólizas de crédito en favor de las empresas de Santos Llamas, añade este diario digital que recoge el testimonio de dos miembros del consejo, “los informes eran positivos y por lo tanto se aprobaron. Era en beneficio de la Caja ya que se trataba de dar una segunda oportunidad de pago al empresario”.